Maritza Paredes, socióloga y profesora (PUCP)
El país se encuentra en una profunda crisis bajo el actual Gobierno, y diversos ministerios enfrentan graves problemas, mientras que otros intentan pasar desapercibidos o ignorar la situación. En el ámbito económico, las expectativas según el BCR en este sector están en picada, y las acciones del Gobierno continúan socavando la confianza y la inversión. Por primera vez en 22 años, el déficit fiscal ha superado los límites que impone la ley. En el sector del Interior, un ministro llegado del extranjero, ajeno a la realidad peruana, enfrenta desacertadamente desafíos abrumadores frente a la creciente amenaza del crimen organizado y las actividades ilegales. El Ministerio de Energía y Minas (MEM), debido a la crisis de Petroperú, está en una posición comprometida. El Ministerio del Ambiente carece de liderazgo para enfrentar con energía las modificaciones hechas por el Congreso a la Ley Forestal, que están erosionando gravemente los avances en el manejo de los bosques.
Los ministerios están ocupados en su mayoría por personas no idóneas para sus cargos, ya que profesionales competentes rehúsan ser parte de este Gobierno. Se les complica cada vez más a la presidenta y al primer ministro encontrar profesionales capacitados dispuestos a formar parte de su administración.
No creo que un cambio ministerial haga la diferencia, ya que la verdadera problemática radica en que la presidenta y su premier no tienen un programa claro para el país ni legitimidad para armar consensos ni tampoco el poder. Actualmente, es el Congreso quien controla el balón y la iniciativa.
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Martín Navarro, politólogo y profesor (UNMSM)
La respuesta a si debe haber cambios en el gabinete ministerial o no, es doblemente válida. Si decimos que debe haber cambios, es porque el Ejecutivo está siendo deficientemente administrado. La economía empeora y no hay políticas a la vista que dé señales de recuperación; tampoco una agresiva, por decirlo de algún modo, política social que palie la crisis de los más necesitados. El Gobierno parece no percibir los tremendos errores que lo deslegitiman cada vez más ante la población. La economía, la inseguridad, la política social, la prevención de desastres, el sector justicia y la cabeza del gabinete merecen cambios.
Por otro lado, si la respuesta es no, no es porque las cosas caminen bien, sino porque no solo debe haber cambios en los ministerios, además debe incluir a todo el Ejecutivo. Estamos a tiempo de que el Gobierno se retire o sea retirado, pues el problema no es solo sectorial, sino de legitimidad. Dina Boluarte debe pensar bien qué hará cuando todo esto termine, ya que a ella y a los suyos parece esperarle muchas demandas incluida contra los derechos humanos.
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Marisol Vargas, politóloga y profesora (UARM)
En un país como el Perú, que arrastra una crisis de las instituciones y de confianza ciudadana desde tiempos ya nebulosos, la búsqueda de resultados al corto plazo resta aún más margen de acción en los ministerios y degenera en las situaciones de cambio de autoridades en lapsos bastante reducidos. Sin embargo, dejando de lado el factor tiempo y en base a las realidades urgentes y desempeños sectoriales, sí se hace necesario refrescar algunas carteras.
En la cartera del Interior, conocido es, ya que el fenómeno de la inseguridad y la criminalidad supera con creces las capacidades estatales con las que se cuenta. Empero el día a día evidencia la falta de medidas sostenibles en el tiempo, eficientes y eficaces a la luz del problema, así como el seguimiento y la evaluación de lo trabajado para medir impacto. De igual modo, el acceso a la salud y a la educación universales y de calidad sigue perfilándose como gran tara a un desarrollo real de la sociedad y el país.
La pandemia reciente y las crisis mencionadas no solo relanzaron a la luz las brechas existentes y falta de priorización en estos sectores, sino que el manejo posterior en estos campos ha mostrado que, más allá de los resultados visibles en el corto plazo, es vital la existencia de planes articulados, integrales, medibles, alcanzables y tangibles en el tiempo diseñados en base a las necesidades ciudadanas.
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Mario Berrios Espezúa, sociólogo y profesor (UNSA y UCSM, Arequipa)
La pregunta correcta es ¿por qué hacer cambios?
Políticamente hablando, Dina Boluarte no tiene ningún incentivo para cambiar ministros. La alianza perversa entre su Gobierno y el Congreso le garantiza una estabilidad nunca antes vista: el Congreso renunció a su papel de fiscalizador del accionar del Ejecutivo a cambio de quedarse ambos hasta, por lo menos, el 2026. Al no haber un motivo real de cambio, Boluarte cree, y le hacen creer, que gobierna bien, que no hay mejores personas para los ministerios que los actuales y que con Castillo estábamos peor. Nada más alejado de la realidad.
La coalición DBA-Boluarte da la estabilidad y permanencia a ambos poderes, para seguir haciendo lo que hacen: nada.
Entonces, frente a un Gobierno que cree que todo lo hace bien, un Congreso que no realiza control efectivo y una sociedad adormecida por la crisis y los problemas cotidianos, un cambio real y efectivo de los ministros pareciera no ser una alternativa en la mente de Boluarte; por lo menos no en el corto plazo.
Renato Palomino, politólogo y profesor (UCT y UNT, Trujillo)
Para garantizar una efectiva gobernabilidad es fundamental que el Poder Ejecutivo oriente las demandas sociales a través de legítimas respuestas traducidas en políticas públicas que aporten a la solución. No vemos respuestas eficientes ante problemas de las regiones. Si la estrategia o el estratega no funcionan, es necesario optar por un cambio del mismo cuando de por medio está en juego el desarrollo y estabilidad de un país, y si ello implica una renovación del gabinete es necesario proceder con esta oxigenación.
La falta de atención a problemas tales como la seguridad, de políticas preventivas ante posibles eventos naturales, la inestabilidad económica, la carente promoción de salud integral y universal, entre otros problemas, son razones suficientes para considerar una permanente evaluación de la continuidad del gabinete en pleno.