La República y otros medios estaban en la mira del fiscal
Espionaje a la prensa. La disposición 1, que ordena vigilar las actividades públicas y privadas de los periodistas Juan Carlos Tafur y César Romero, también dispone revisar las publicaciones de La República, Sudaca y otros medios de comunicación. Ellos seguían.
La disposición 1, dictada por el fiscal provincial Andy Rodríguez, que el 5 de abril ordenó a la Policía vigilar las actividades públicas y privadas de los periodistas Juan Carlos Tafur y César Romero, también puso en la mira al diario La República, el portal Sudaca y otros medios de comunicación.
Este documento, prueba irrefutable del reglaje al que fueron sometidos ambos periodistas durante la gestión de Patricia Benavides al frente del Ministerio Público, da cuenta de que no se investigaban actos ilícitos, sino que se criminalizaba la labor periodística, esto es, la búsqueda y difusión de información de interés público, garantizadas por la Constitución.
La disposición fiscal 1 supone que la red de corrupción judicial-política ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ se está reorganizando, a partir de tres indicios, que se describen entre las páginas 1, 2 y 3 del documento.
La nota periodística
El primer indicio es un informe que da cuenta de que una fiscal adjunta tuvo interés en conocer expedientes y resoluciones fiscales que no le habían sido asignados, en casos en los que no tenía ninguna intervención.
El segundo y tercer indicio es el contenido de un artículo publicado el 27 de marzo en Sudaca y el contenido de un artículo del 30 de marzo en La República. En ambos artículos se informa que un fiscal de Ventanilla denunció que dos fiscales del equipo especial lo presionan para archivar una investigación a Walter Ríos.
Andy Rodríguez no explica si el segundo y tercer indicio tienen relación con las actividades que habría realizado la fiscal adjunta que miró donde no debía mirar. En todo caso, los sucesos de Ventanilla no forman parte de los expedientes del caso Los Cuellos Blancos.
Pero lo que queda claro es que el interés de la Fiscalía era criminalizar el contenido de los artículos, que pertenecen a la labor intelectual de los periodistas que los redactaron y se amparan en las libertades de información y difusión de las ideas.
Si el fiscal se sintió agraviado por esos artículos, debió pedir una rectificación o recurrir a una demanda por difamación o calumnia, lo que nunca hicieron.
El fiscal no puede presentar una querella porque el hecho narrado en el artículo es 100 % real y está debidamente verificado. Rodríguez puede tener una visión diferente del hecho, pero no puede negar su existencia.
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En la segunda parte de la página 3, se vuelve a poner en evidencia que no se persigue a los periodistas por un acto ilícito que pudieran haber cometido, sino por su labor periodística y la que otros periodistas pudieran realizar.
Otros medios
El fiscal indica que ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ se estarían reorganizando en la búsqueda de información relevante de los casos tramitados en su despacho y, a su vez, “tendrían como propósito desestabilizar el equipo de fiscales conformado para la lucha contra la corrupción de funcionarios y crimen organizado, a través de ataques de diversos medios de comunicación”.
Lo que supone que no solo eran Juan Carlos Tafur y César Romero, sino también otros periodistas y medios de comunicación. La realidad muestra que en La República nunca hubo un ataque al equipo especial de los Cuellos Blancos del Puerto.
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Al contrario, La República ha reportado desde el 2022 que fueron las decisiones de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, las que debilitaron al mencionado equipo fiscal, con cambio intempestivo de fiscales.
Allanamiento. El siguiente paso era intervenir los medios. Foto: John Reyes / La República
Pero el asunto no termina allí. Para remarcar que lo que se quería era perseguir el libre ejercicio de la prensa, en la parte resolutiva el fiscal dispone que la Policía vigile las actividades que los periodistas pudieran realizar en la vía pública, en su residencia y en su centro de labores.
Precisa que se deben tomar fotografías y videos y utilizar otros medios técnicos especiales —drones o programas espías— para observar el interior de los domicilios de los investigados, de todo lo cual se debe informar al despacho fiscal semanalmente, por el plazo de cuatro meses.
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Además, en el último punto dispone una amplia búsqueda de publicaciones en Sudaca, La República y otros medios de comunicación sobre los supuestos ataques sufridos por diversos magistrados que conocen o hayan conocido el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.
Aunque la investigación debió concluir el 4 de agosto, permaneció abierta hasta el 23 de noviembre, es decir, hasta pocos días antes de la suspensión de Benavides a partir de los hechos descubiertos en la operación Valkiria.
Secreta
El fiscal Andy Rodríguez dispuso que el seguimiento, videovigilancia y espionaje a los periodistas se realice en secreto, al ser evidente que no puede criminalizar la libertad de prensa, de pensamiento y difusión de las ideas.
Argumentó que se necesita el secreto para investigar a una organización criminal, pero en realidad lo que estaba protegiendo era un ilegal espionaje a dos periodistas.
Patricia Benavides envía una carta notarial
La suspendida fiscal suprema y fiscal de la Nación, Patricia Benavides, envió una carta notarial en la que se desvincula de las actividades contra la libertad de información desplegadas por el fiscal Andy Rodríguez.
“Mi condición de fiscal de la Nación y mis convicciones democráticas no me permiten afectar en lo absoluto la libertad de expresión. Las carpetas que manejan los fiscales provinciales son de su exclusiva responsabilidad. (…) Yo no tengo nada que ver ni puedo interferir en nada, bajo pena de incurrir en un delito”, refiere Benavides.
El resto de la carta se refiere a otro asunto.
Nota del editor: En principio, nunca le pediríamos a una fiscal de la Nación que interfiera en un proceso. Además, se trató de una investigación secreta. Nunca conocimos su existencia y nunca pudimos defendernos.
Hoy tampoco podemos defendernos. La investigación se archivó. Luego de vigilarnos por ochos meses no encontraron nada ilícito. Hoy solo queda denunciar el intento de criminalizar la labor de los periodistas.
Un acto indigno e ilegal que ocurrió mientras Benavides era la fiscal de la Nación, por fiscales que ella promovió y designó en puestos claves.
Ocho meses
Plazos. El fiscal Andy Rodríguez dispuso que la investigación debía durar cuatro meses, pero se alargó por ochos meses en que la carpeta fiscal y los informes policiales de seguimiento pasaron por diversos despachos. El 23 de noviembre se decidió archivar.
Las pruebas del espionaje
Allanamiento. El siguiente paso era intervenir los medios.
El fiscal Andy Rodríguez se atribuye calificar el contenido de una publicación como algo ilícito.
El fiscal habla de ataques en medios de comunicación, lo que sugiere que el siguiente paso era incluir a La República en la investigación.
El fiscal dispuso revisar todas las publicaciones realizadas por el diario La República sobre el caso Cuellos Blancos.
