La suspendida fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, envió una carta notarial a La República en la que se desvincula de los actos contra la libertad de información que desarrolló el fiscal provincial Andy Junior Rodríguez Domínguez, utilizando como caparazón legal la investigación a la red de corrupción judicial Los Cuellos Blancos del Puerto.
A continuación transcribimos la carta:
"Señor director de La República
Remito la presente por conducto notarial para desmentir categóricamente cualquier vinculación que La República con el escandaloso titular "Reglaje y chuponeo a periodistas" pretende atribuirme al vincularme a la decisión del fiscal Andy Gutiérrez Domínguez, que como dispone la Ley Orgánica del Ministerio Público tiene completa autonomía sin interferencia alguna de mi parte.
Mi condición de fiscal de la Nación y mis convicciones democráticas no me permiten afectar en lo absoluto la libertad de expresión. Las carpetas que manejan los fiscales provinciales son de su exclusiva responsabilidad. En todo caso, los implicados pueden ejercer su derecho de defensa ante esa fiscalía y dentro de la carpeta. Yo no tengo nada que ver ni puedo interferir en nada, bajo pena de incurrir en un delito.
Lamento mucho que La República continúe la campaña de desinformación. Lo que han hecho contra mi persona no cumple los estándares de veracidad y para probarlo adjunto copia del escrito presentado hoy ante la Junta Nacional de Justicia para desvirtuar completamente la patraña de afirmar que beneficié a muchos congresistas para obtener un voto a cambio".
La carta enviada a La República por la abogada y suspendida fiscal Patricia Benavides
La respuesta del editor:
- Nunca le hemos pedido ni le pediríamos a una fiscal de la Nación u otra autoridad del sistema judicial que interfiera en un proceso judicial o investigación en curso, como insinúa la carta.
- Lo que hemos dicho y nos ratificamos es que el espionaje a dos periodistas, Juan Carlos Tafur del portal Sudaca y César Romero Calle de La República se realizó durante la gestión de Patricia Benavides, al frente del Ministerio Público y la fiscalía de la Nación.
- Es una verdad incuestionable que Patricia Benavides asumió como fiscal de la Nación el 1 de julio de 2022 hasta que fue suspendida por la Junta Nacional de Justicia, el 7 de diciembre de 2023. En ese marco temporal, se realizó el ilegal espionaje.
- El fiscal provincial Andy Rodríguez fue promocionado desde Arequipa a Lima el 25 de julio de 2022 y designado para integrar el equipo especial en noviembre de 2022, durante la gestión de Benavides. Al salir del equipo especial, julio de 2023, Benavides le encarga conducir una fiscalía transitoria de ciberdelincuencia, recién creada.
- El fiscal Andy Rodríguez, mediante la disposición n° 1 del 5 de abril de 2023, cuando Benavides era fiscal de la Nación, ordenó que se realice una investigación secreta a dos periodistas y dispuso que se realice videovigilancia de todos sus desplazamientos públicos y se empleen técnicas especiales para observar el interior de sus domicilios, afectando su intimidad personal y familiar.
- Patricia Benavides miente en su carta y tergiversa el procedimiento fiscal, que ella conoce a la perfección como abogada y fiscal, al señalar que los implicados pueden defenderse ante la fiscalía y dentro de la carpeta. Eso es imposible, es falso que nos podamos defender.
- El espionaje ilegal que dispuso el fiscal Andy Rodríguez por ocho meses fue secreto. Es decir, los periodistas no lo conocieron y, por tanto, no podían defenderse. Recién nos enteramos de la existencia de ese ilegal procedimiento al ser archivado. Al archivarse, ya no hay de que defenderse.
- La fiscalía archivó la investigación el 23 de noviembre de 2023, Benavides todavía era fiscal de la Nación. Luego de ocho meses de seguimiento diario, no encontraron nada ilícito. Los periodistas nunca cometieron algún acto ilícito del que tengan que defenderse.
- En su carta, la suspendida fiscal de la Nación admite una animadversión al diario La República por informar que días antes de que el Congreso debatiera y votara la inhabilitación a la fiscal suprema titular Zoraida Ávalos, ella archivó una investigación a 40 congresistas. La inhabilitación de Ávalos consolidó el poder de Benavides en el Ministerio Público.
- Hasta hoy el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación no precisan de qué se acusó a los periodistas, cuál fue el presunto acto ilícito que cometieron para que se les investigue. La resolución de Andy Rodríguez dispone investigarlos por crimen organizado por el contenido de un artículo publicado en marzo del 2023, es decir, por el libre ejercicio de la libertad de información, expresión y de su labor de periodistas.