Familiares de víctimas de las protestas exigen celeridad en sus procesos
Madres y esposas de peruanos fallecidos durante las manifestaciones denunciaron que se pretende dilatar las pesquisas, cambiando de fiscales.
Los familiares de las víctimas de Juliaca y Ayacucho que fallecieron en las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte expresaron su indignación por la falta de celeridad en las investigaciones fiscales.
Reiteraron su rechazo ante la decisión de que las carpetas fiscales de sus casos hayan sido trasladadas a Lima y denunciaron que, en medio de las indagaciones, se hayan cambiado a los fiscales.
“Están tratando de entorpecer a la justicia porque están trayendo a Lima las carpetas fiscales”, dijo Irma Yaco (esposa de Manuel Quilla Ticona, muerto el 31 de marzo en Puno, luego de participar en las protestas en Lima).
Yaco dijo, además, que no permitirán que se revictimicen a los caídos en las marchas, acusándolos de narcotraficantes y de contrabandistas.
“Somos personas humildes que trabajamos día a día para poder llevar un pan para nuestros hijos”, aclaró.
Dominga Hancco (madre de la joven Jhamilet Aroquipa Hancco, muerta el 9 de enero en Puno) pidió rapidez en los procesos y sostuvo que los fiscales han sido cambiados.
“Exijo justicia, que el proceso se acelere, están cambiando fiscales. No nos vamos a cansar. Yo voy a seguir hasta encontrar justicia”, afirmó Hancco.
Rosa Luque Mamani (madre de Eliot Christian Arizaga Luque, joven fallecido el 9 de enero en Juliaca) calificó al gobierno de Dina Boluarte de dictador y de genocida y exhortó a la población a movilizarse este 7 de diciembre contra el actual régimen.
“El día de hoy nos encontramos haciendo memoria y exigiendo justicia a este gobierno dictador y genocida. Quiero invitar a todo el país para que este 7 de diciembre pongamos el pecho por el Perú y hacerle frente a este gobierno para decirle que nunca más vamos a permitir que un hermano, un hijo o un esposo sean asesinados a manos de un gobierno”, declaró.
Lucio Callo (Coordinador general de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha) confirmó que, entre el 7 y 9 de diciembre próximo, 20 regiones del país se movilizarán para exigir la renuncia de la mandataria Dina Boluarte y el cierre del Congreso. Además informó que la jornada de lucha será por la convocatoria de una Asamblea Constituyente, por la justicia para las víctimas asesinadas en las movilizaciones y por la libertad de los presos detenidos desde el 7 de diciembre.
“Las regiones ya vienen organizándose para implementar esta jornada”, señaló.