La mandataria Dina Boluarte minimizó las protestas sociales en contra de su Gobierno y afirmó que el Estado se encuentra en "vías de recuperación" luego de las manifestaciones de miles de ciudadanos que exigían su renuncia al cargo. "A finales del año pasado e inicios de este año hemos tenido algunos momentos de violencia, ¿y qué hemos logrado con ello? Absolutamente nada, queridos paisanos", manifestó.
Boluarte sostuvo también que las marchas en contra de su gestión, en las que fallecieron más de 60 ciudadanos en Lima y regiones debido a la violenta represión de la Policía Nacional del Perú (PNP), ha significado un retroceso. "No hemos podido trabajar, hemos perdido casi 3 meses: diciembre, enero y febrero. Aún quedan ideas trasnochadas, el Perú ya aprendió de los 80 y los 90, solo han generado muerte", expresó.
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La Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap), por medio de su representante Ketty Marcelo López, sindicó a la presidenta Dina Boluarte como responsable de las muertes de ciudadanos indígenas quechuas y aimaras durante las marchas en contra de su Gobierno, ocurridas a fines de 2022 e inicios de 2023. Los fallecimientos fueron causados por la brutal represión de las Fuerzas Armadas y policiales.
En un informe jurídico elaborado por la organización, se señala lo siguiente: “Con base a la información pública disponible, se identifica que los actos realizados por la señora Dina Ercilia Boluarte Zegarra, de acuerdo con la doctrina y a la jurisprudencia del derecho internacional penal y del derecho internacional de los pueblos indígenas (…), es responsable del delito de genocidio y de lesa humanidad en agravio de los pueblos indígenas quechuas y aimaras de las regiones de Apurímac, Ayacucho, Puno y Cusco”. El documento, nombrado 'Hasta alcanzar justicia', fue presentado ante la CIDH.
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La presidenta se pronunció sobre el informe de la ONU respecto a las muertes acontecidas durante las movilizaciones sociales en 2022 y 2023. Boluarte sostuvo: "Las protestas de diciembre (2022) a febrero (2023), quien las provocó y promovió son aquellas personas en menor cantidad a la gran mayoría que pide paz". En dicho documento, se indica el uso de la "fuerza letal" con armas de fuego, el cual no es permitido por las normas internacionales de derechos humanos.