Agnès Callamard: "La represión masiva y la violencia es responsabilidad del Gobierno"

En esta entrevista, la secretaria de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, brinda detalles del informe final de esta organización sobre los hechos acontecidos entre diciembre y febrero último, meses en que hubo protestas contra el régimen de Dina Boluarte y más de 60 muertes producto de la represión de las fuerzas de seguridad. Esta investigación de Amnistía, además, también es un llamado a la reflexión sobre cómo la estigmatización y el racismo contribuyeron a una respuesta inadecuada del Estado para paliar las manifestaciones, a costa de los derechos humanos, y a abrir heridas sociales.

¿Cuáles son los principales hallazgos de Amnistía Internacional en este informe final?

El principal hallazgo de Amnistía Internacional es que existe un patrón, tanto de ejecuciones extrajudiciales y ejecuciones arbitrarias, además de lesiones que han cambiado la vida de personas durante los hechos acontecidos entre diciembre y febrero. Otro hallazgo es por la magnitud de las muertes, el carácter masivo y la manera en que los han atacado, y la manera en que se han ejecutado estas muertes, y además de otros elementos, es un indicio bastante claro de un patrón tanto de una política sistémica y organización en contra de los heridos.

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De esta hallazgo, ¿qué es lo que más le ha generado conmoción? ¿Qué es lo que más le preocupa?

En primer lugar, el trato que han recibido las víctimas. Otra cosa que es bastante chocante es que eran demasiadas víctimas. Y demasiadas víctimas eran hombres jóvenes. Estos jóvenes que tenían la vida por delante, estos jóvenes que tenían la responsabilidad de ser el sustento de su familia, el centro de la familia. Amnistía Internacional ha hallado que la suerte de estos jóvenes, el asesinato de estos jóvenes, ha hecho que se elimine la alegría. Me reuní con padres, madres, miembros de las comunidades que todavía siguen en duelo por la pérdida de tantos jóvenes. Incluso, han habido muertes de personas que ni siquiera formaban parte de las manifestaciones. Es decir, se han asesinado a personas que no eran parte de la manifestación, ellos simplemente estaban observando de lejos, estaban curiosos frente a lo que estaba pasando, eran simples curiosos, y fueron aniquilados con rilfes de larga distancia. Otra cosa chocante es la edad de las víctimas: 15, 16, 17 y 18 años. Es algo inimaginable. Además el sesgo racial que hemos encontrado en el uso de la fuerza letal junto con haber utilizado de objetivo a personas de origen indígena, además de la fuerza letal y todo esto es bastante chocante. La violencia recibida de los manifestantes, la violencia sistémica, la falta de acceso a las oportunidades, la pobreza extrema, la falta de acceso a medicinas, educación. Una violencia sistémica, racial. Por eso nuestro informe lleva como título: racismo letal.

¿Esta represión responde a una política de Gobierno?

La represión, la violencia y las muertes nos hacen un llamado, tanto a Amnistía Internacional, a la sociedad y a la Fiscalía a investigar quién es el responsable y cuál es la responsabilidad del Estado. Sin duda, la responsabilidad del Estado está involucrada en esto debido a la represión masiva y sistémica en contra de los manifestantes. Y eso puede ser la señal de dos cosas: En primer lugar: O los líderes militares recibieron la orden de matar o no evitaron estas muertes. En ambos casos existe responsabilidad por parte del Gobierno. Por lo tanto, sí, la represión masiva de los manifestantes y la violencia es responsabilidad del Gobierno.

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¿Han podido conocer si el Gobierno adoptó medidas para prevenir esta situación?

Hemos publicado un informe de 75 páginas. No hemos encontrado ninguna evidencia de que el Gobierno haya denunciado la violencia o que haya intentado humanizar a los manifestantes. Por el contrario, los miembros del Gobierno han estigmatizado a los manifestantes utilizando términos como terroristas o tratando de relacionarlos con grupos armados. En nuestra opinión eso crea la posibilidad de aumentar la violencia. Así que lamentablemente en nuestra opinión los miembros del Gobierno han facilitado, tanto la legitimización o la facilitación de estos actos de violencia.

¿De qué forma contribuyó la narrativa de llamar terroristas a los manifestantes?

Esto no es algo que solo hemos visto en Perú, sino también en otros países alrededor del mundo. Cuando alguien llama a una persona terrorista lo conviertes en un ser que puede ser herido, asesinado o arrestado arbitrariamente, porque el término terrorista invita a la violencia. Ya que por definición un terrorista es aquella persona que usa la violencia. Por ende, llamar a alguien terrorista es legitimizar la violencia o la muerte en contra de esa persona. Es algo que no solo hemos visto en Perú, esto ocurre alrededor del mundo cuando un líder llama al defensor de derechos humanos terrorista, cuando a un periodista se le llama terrorista y a otros representantes se les llama terroristas, se está invitando a la violencia en contra de estas personas. Y realmente es un hecho lamentable que ocurre. Por ende, los representantes de un Gobierno deberían saber mejor y no deberían llamar a alguien terrorista, porque ellos saben que cuando llamas a alguien terrorista estás incitando a la violencia en contra de estas personas. Y realmente es un hecho lamentable que ocurre. Por ende, los representantes de un Gobierno deberían saber mejor y no deberían llamar a alguien terrorista, porque ellos saben que cuando llamas a alguien terrorista estás incitando a la violencia en contra de esa persona. Además, existe un artículo sumamente importante en el derecho internacional que prohíbe cualquier discurso que incite a la violencia. No me cabe duda, desde que he empezado esta guerra en contra del terror, que el uso del término terrorista incita la violencia.

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¿En algún momento el Gobierno, la Policía o el Ejército les ha puesto obstáculos para elaborar este informe?

No, Amnistía Internacional ha podido realizar su investigación. Hemos sostenido reuniones con los familiares de las víctimas. Sin embargo, aún estamos esperando que nos hagan llegar una larga lista de documentación. Además, el documento que presentamos es una contribución a la justicia, por lo cual no debería ninguna razón por la cual Amnistía Internacional sea evitada o reciba algún tipo de obstáculo, ya que esto es un aporte a la búsqueda de justicia.

Se ha reunido con la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. ¿Qué demanda Amnistía Internacional para que estas investigaciones sean independientes y objetivas?

La reunión que sostuvimos, realmente la podria describir como bastante constructiva y franca. Le presentamos las preocupaciones que nos habían hecho llegar las víctimas y asimismo le entregamos las recomendaciones para poder asegurar que la víctima siempre esté en el centro de las investigaciones. A pesar que los fiscales estén en Lima, ellos siempre tienen que mostrarse disponibles y abiertos frente a las víctimas. Esos fiscales tienen que movilizarse a las localidades donde se han realizado estos hechos y se tienen que quedar todo el tiempo necesario para poder estar al alcance de las víctimas. La participación de las víctimas también tiene que estar en el centro de investigaciones. Se tiene que hallar a los culpables, a aquellos autores de los crímenes de violencia. Pero también se pide al Gobierno que se haga - la investigación - con celeridad porque estas víctimas ya están en una situación precaria, de desprotección. Han colapsado comunidades porque ellos necesitan el apoyo hoy, no puede ser que tengan que estar esperando, porque muchas de estas familias han perdido a quien era el soporte de la comunidad. Por ende, el Gobierno debería crear un fondo de apoyo y soporte para quienes hayan perdido a sus seres queridos o aquellos que hayan sufrido heridas incapacitantes. Es crucial y vital que el Gobierno tome pasos, como, por ejemplo, la creación de becas. El Gobierno tiene que actuar ya, no esperar meses o años.