En el sur, como a nivel nacional, asumieron los nuevos gobernadores regionales. Durante sus discursos se refirieron a la grave situación política del país y al reinicio de las protestas para el 4 de enero por el cierre del Congreso, adelanto de elecciones y la renuncia de Dina Boluarte.
Desde Arequipa, el gobernador Rohel Sánchez Sánchez expresó su solidaridad con las familias que perdieron a sus seres queridos durante las protestas y a de los que resultaron heridos. “No hay razón para tales escenarios. Pedimos investigación rápida y justicia como corresponde”, señaló.
Werner Salcedo, gobernador de Cusco, también expresó su solidaridad y afirmó la necesidad de adelantar las elecciones generales antes de 2024, la redacción de una nueva constitución, así como investigación y sanción a los responsables de los asesinatos.
“Estos retos solo se pueden enfrentar mediante un nuevo contrato social, emergente de una asamblea constituyente aprobada por el pueblo”, expresó.
El gobernador de Puno, Richard Hancco, se sumó al pedido de investigación para esclarecer la muerte de los caídos, condenó el hecho por la represión policial y militar.
“No queremos que el Estado se convierta en asesino, ni en un ente violador de los derechos humanos, por lo tanto, condenamos todo aquello que está involucrado en el uso excesivo de las fuerzas y facultades que tienen cualquier miembro de la policía y del Ejército”, expresó ayer durante su juramentación al cargo.
De una posición más tajante es el nuevo alcalde de Puno, Javier Ponce Roque, quien consideró que la presidenta Dina Boluarte debería renunciar al cargo. Sobre la posibilidad que el titular del Poder Legislativo, José Williams Zapata, asuma la presidencia si Boluarte renuncia, señaló que este también debería renunciar si se da dicho escenario.
Entre tanto, la gobernadora de Moquegua, Gilia Gutiérrez, señaló que propuso a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, la emisión de un pronunciamiento para exhortar al Congreso a que las nuevas elecciones sean a 2023. “Estamos pidiendo celeridad”.
Lamentó que no se escuche los pedidos de la población. Agregó que solicitará a la presidenta Dina Boluarte hacer lo posible para que las elecciones sean este año.
Quien tiene una postura diferente es Luis Torres, gobernador de Tacna. Aseveró que no le interesa si los problemas vienen de la izquierda o derecha política, solo exigió que las autoridades nacionales den solución a la crisis política.
Refirió que respeta todos los gobiernos y que mantendrá una buena comunicación con el gobernante de turno, sea la presidenta Dina Boluarte u otro, afirmando que solo le interesa gestionar las obras para la región.
Frente a la huelga indefinida anunciada para el 4 de enero, el representante de la Defensoría del Pueblo, Ángel Manrique, consideró que deben ser las nuevas autoridades regionales y provinciales quienes canalicen las demandas de la población.
“Tienen la responsabilidad de generar los espacios de diálogo”, dijo. No obstante, Rohel Sánchez de Arequipa, indicó que él si dialogará, pero hay situaciones que son de alcance nacional como esta.
El congresista Edwin Martínez rechazó las protestas y calificó que “el pueblo se está acostumbrando a salir a las calles y generar caos”. Incluso llegó a decir que hay “azuzadores que esconden la cara” que están detrás de las protestas. Los calificó como terroristas.
El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, dijo que el gobierno tiene una voluntad de atender los requerimientos del sur. Respecto a las protestas que inician el 4 de enero, manifestó que el Ejecutivo toma con calma el anuncio. No obstante, recordó que el estado de emergencia continúa vigente y que las Fuerzas Armadas actúan en apoyo a la Policía. Según dijo, será priorizando la vida.
Respecto a las imágenes difundidas por la agencia internacional Reuters respecto a una cámara de videovigilancia, en las que se observa que el ciudadano Edgar Prado Arango, fue asesinado cerca de su vivienda mientras intentaba ayudar a un herido, el pasado 15 de diciembre; el ministro refirió que se debe esperar a que el Ministerio Público concluya las investigaciones. “No se puede tipificar ninguna responsabilidad (...) Cuando el Ministerio Público se pronuncie, acataremos las acciones correspondientes”, expresó.