El politólogo y docente de la PUCP, Fernando Tuesta Soldevilla, responde sobre los reclamos por el accidentado proceso de inscripción de candidaturas. Atribuye los problemas presentados a que los partidos y movimientos esperaron hasta el final. También comenta el archivamiento del informe sobre presunto fraude electoral.
¿Los partidos tienen razón en sus reclamos por la inscripción?
Hay reclamos de todo tipo, pero se necesita una mirada más amplia. Los partidos han demostrado una gran desorganización e informalidad que se ha apreciado a lo largo de todo el proceso, desde la entrega de padrones y más claramente durante las elecciones internas, por lo que era previsible que tendrían problemas para la inscripción de sus candidaturas. Conocían a sus candidatos desde el 15 y 22 de mayo. Y podían empezar a subir la información desde el 6 de junio. Y acá viene el tema: ¿quién sube esa información al sistema?
Los personeros.
Exacto, y ellos pueden acreditar ante los JEE a otros personeros. Por ser un proceso algo nuevo, se tenía que capacitarlos porque es un porcentaje alto de candidaturas. Un partido responsable debía haberlo hecho con anticipación, pero solo algunos lo hicieron…
¿Los menos?
Los menos, correcto. La mayoría esperó el último día.
Lo que reclaman es que el sistema se cayó.
Nunca hubo una caída del sistema. Esa es una frase muy utilizada. Lo que pasó es que el tráfico se hizo lento. Es como manejar en hora punta en una avenida y no te puedes mover por un tiempo. El sistema no soportaba ese tráfico con esa intensidad. Si yo tengo una puerta para que ingresen cien y se acumulan mil no es que nadie entre; entran algunos. Igual, creo que se debió planear el asunto teniendo en cuenta que los partidos y movimientos regionales son desorganizados e informales y esperan a última hora.
El APRA cuestiona que los dejaron fuera de competencia por la misma razón.
La situación era distinta. Ellos empezaron tarde. Centralizaron, hasta donde sé, la subida de la información y no les alcanzó el tiempo. No es que se saturó el sistema.
Se archivó el informe del presunto fraude electoral. Ha defendido la integridad de los comicios. Imagino que estará de acuerdo con la decisión.
Absolutamente. Esa comisión, que en sí misma tenía cuestionamientos, fue hecha al calor de corrientes políticas que cuestionaban el proceso. ¿Uno podía pensar que iba a concluir de manera diferente?
Es lo que llama la atención. A pesar de que la comisión nació con un propósito evidente, sacó un informe que no llegó a nada de lo que, en principio, sus promotores pretendían.
Es que era una de las comisiones más políticas. Lamentablemente, su presidente (Jorge Montoya), con el respeto que uno puede tener sobre sus especializaciones en otras áreas, solo muestra desconocimiento en la materia. Lo mismo sus asesores, salvo uno que ha trabajo en un organismo electoral. No se trata de defender a los responsables de los organismos electorales. Esa es responsabilidad suya. Se trata de defender la integridad electoral. A nivel internacional, causa tremenda sorpresa que se siga hablando de un fraude que no existió.
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¿Se ha dañado a las instituciones electorales?
El problema con esta comisión no es tanto por perder tiempo ni dinero. El daño se le ha hecho a los procesos e instituciones electorales. Es un arma muy fácil para los candidatos...
¿Alegar fraude si no les gusta los resultados?
Ahora cualquier candidato puede alegar fraude. Hay un campo sembrado que ha calado en un sector de la población. Es un operativo. En el Perú se perdió el respeto por los organismos electorales junto al reconocimiento de que en una elección se puede participar y perder. No es solo algo peruano. Ocurre en América Latina y ha pasado en Estados Unidos, con Donald Trump. En el Perú las elecciones fueron normales, con procesos controlados. Este es un gobierno incapaz, con visos de corrupción, pero a quienes defienden el proceso electoral no se les puede hacer responsables de los resultados de la representación.
¿Cree que en las elecciones de octubre se vuelva sobre el discurso del fraude?
Es un antecedente funesto y va a ser bien difícil revertir esta situación, más en un sistema político y partidario donde la calidad de sus organizaciones y líderes es penosa. Estamos frente a un proceso regional y municipal en donde algunos repetirán los mismos argumentos de fraude. Y es muy fácil engañar al ciudadano.
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Si los propios políticos lanzan las acusaciones, tiene sentido que los ciudadanos duden.
Así es. Si los políticos y congresistas dan muestra casi diaria del desconocimiento de las normas y requisitos del proceso electoral, obviamente los ciudadanos son muy vulnerables a este discurso de fraude, más en un país donde la gente desconfía de las entidades públicas.
¿Se diluyó la fuerza que venía teniendo la idea de convocar a nuevas elecciones generales?
Vemos una suerte de coexistencia pacífica (entre el Ejecutivo y el Legislativo), que no significa que no se apuñalen por atrás. Se gritan, pero no se muerden, porque se pueden resbalar los dos.
Sin embargo, el Congreso va por Dina Boluarte.
Lo de Boluarte allana un camino, aunque no significa que tengas que ir por ese camino de manera inexorable. Los políticos, obviamente, tienen intereses y el de ellos es quedarse. Sin embargo, hay algo que será muy difícil de eludir: si sacan a Boluarte y a Castillo, pero se quedan ellos (el Congreso), eso no le gustará a la gente. Como ocurrió en noviembre de 2020, habrá movilizaciones. La gente que marchó el 2020 no quería que Vizcarra vuelva, quería que el sucesor no sea alguien de la mayoría vacadora y eso abrió el camino a Sagasti.