Después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales resolviera admitir la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por haber ejercido el cargo de presidenta de una asociación privada siendo vicepresidenta de la República, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social tendrá que afrontar tres escenarios de sanción que serían impuestos por el Pleno del Congreso.
Para empezar, de ser aprobada la denuncia constitucional por el Pleno —luego de haber superado los 66 votos mínimos—, se debe tomar en cuenta el artículo 100 de la Carta Magna, el cual “permite suspender al funcionario acusado o inhabilitarlo o destituirlo”, según lo precisado por la especialista consultada por La República.
Estas medidas se tomarían una vez que se haya generado un juicio político defensor a la Constitución, el cual es valorado por el Congreso.
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De las tres medidas a tomar, la más leve es la de la suspensión, en la que Boluarte dejaría el cargo de manera temporal; otra medida es la de la inhabilitación, mediante la cual, la vicepresidenta estaría impedida de ejercer el cargo hasta por 10 años; y la tercera opción, que termina por ser la más severa, es la destitución, la cual dejaría a Pedro Castillo sin un funcionario que lo suplante ante cualquier eventualidad.
La especialista también diferenció un juicio político de un antejuicio, ya que son medidas que suelen confundirse. “En el caso de juicio político, como lo ha establecido el Tribunal Constitucional, es el Congreso el órgano encargado de resolver sobre la sanción por la infracción a la Constitución”, asegura la experta en temas parlamentarios, que prefirió dejar su nombre en la confidencialidad.
Cuando se trata de un antejuicio, el tratamiento es distinto, porque “en este caso el Congreso solo revisa si hubiera indicios de la comisión de algún delito, entonces el Poder Judicial es el que juzga y sanciona.”
Tras conocerse la decisión del Congreso, el abogado de Dina Boluarte, Alberto Otárola, consideró que existe un sector en la derecha del Parlamento que intentaba hacer una “finalización exprés” con respecto a la denuncia constitucional en contra de la vicepresidenta.
El abogado justificó sus declaraciones alegando que “no ha pasado el tiempo suficiente, los 45 días para que se esté votando la admisión y han adelantado opinión”.