Pedro Castillo se convirtió en el primer presidente de la República en ser investigado durante sus funciones luego de que el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, dispusiera incluir en la indagación preliminar del caso Puente Tarata III al mandatario por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada.
Rosa María Palacios sostuvo que Pablo Sánchez se ha comprometido en respetar el artículo 117 de la Constitución, el cual establece que el mandatario solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, impedir las elecciones, por disolver el Congreso y por impedir su reunión o funcionamiento.
No obstante, ha aclarado que, en defensa de la obligación del Ministerio Público de perseguir el delito, ha abierto una investigación preliminar para salvaguardar los medios probatorios.
En este sentido, la abogada explicó que la etapa preliminar de casos complejos puede durar hasta 3 años, por lo que Pedro Castillo podría terminar su mandato con total tranquilidad.
“El presidente puede terminar su mandato y seguir en investigación preliminar (...) Es una investigación preliminar que, como dice el fiscal de la Nación, tiene graves, gravísimos indicios de que el presidente de la República es, en efecto, el jefe de una organización criminal conformada por el exministro de Transporte Juan Silva, seis congresistas de Acción Popular llamados ‘Los Niños’, sus sobrinos, Zamir Villaverde, su exsecretario Bruno Pacheco y algunos funcionarios dentro del MTC, quienes otorgaron adjudicaciones a distintas empresas”, detalló.
Aunque se desconoce la identidad del colaborador eficaz cuya clave es CE-02-5D-2FPCEDCF-2022, Palacios señaló que todo indicaría que Zamir Villaverde sería el responsable de las nuevas revelaciones. De ser cierta esta suposición, el empresario tendrá que continuar dando nuevos testimonios y evidenciar todo con pruebas.
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Por otro lado, Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, ha asegurado que su agrupación también tiene evidencias de la gravedad de la conducta del profesor cajamarquino.
El abogado de Pedro Castillo, Benji Espinoza, se ha amparado en el artículo 117. El letrado ha precisado que “de manera literal la Constitución nos dice una cosa, y de manera sistemática, como debe leerse una disposición en ese sentido, prohíbe la investigación a un presidente en ejercicio (...) Pablo Sánchez ha hecho una interpretación errónea, incorrecta”.
Sin embargo, la conductora de “Sin guion” recalcó que la Carta Magna no prohíbe una investigación, sino una acusación.
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Respecto al posible habeas corpus o acción de amparo que la defensa de Pedro Castillo pueda interponer ante el Tribunal Constitucional, Palacios manifestó que, con la nueva conformación del TC, es poco probable que el mandatario tenga éxito.
Asimismo, indicó que esta investigación preliminar no es justificante para que el Congreso de la República aplique una vacancia por incapacidad moral contra Castillo.
“El presidente va a seguir siendo presidente hasta que el Congreso acepte un acuerdo político. Si Vladimir Cerrón le pone los 20 votos que tiene a la oposición, el presidente puede estar en serios problemas”, indicó.