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Política

Contraloría General advierte infracción constitucional de Dina Boluarte

Dudas. Contraloría detecta documentos firmados por Boluarte como presidenta del Club Apurímac cuando ya era ministra. Vicepresidenta respondió con dos versiones: primero informó que estaba con licencia y luego admitió sus rúbricas. Dijo que no infringió la Constitución.

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Explicación en partes. Boluarte ya sabía de la investigación de la Contraloría e hizo su descargo, pero ayer difundió una primera versión de estar con licencia y luego admitió las firmas. Foto: Gerardo Marín/ La República

La Contraloría General de la República entregó un informe al Congreso donde da cuenta de una presunta infracción constitucional por parte de la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Dina Boluarte Zegarra, por la firma de documentos como presidenta del Club Departamental de Apurímac, cuando ya desempeñaba el cargo de ministra.

El denominado informe de fiscalización específica de las declaraciones juradas de Dina Boluarte han sido remitidas a las bancadas del Congreso, para el respectivo análisis. Una acusación constitucional con la sanción de inhabilitación podría surgir sobre la marcha.

El artículo 126 de la Constitución establece que “los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas”.

Licencia a medias

La también vicepresidenta de la República ayer emitió un primer comunicado parcial, donde informa haber pedido licencia tanto al Club Departamental de Apurímac como a la Asociaciones de Clubes Departamentales del Perú. Agrega que ambas licencias fueron concedidas de manera oportuna.

Sin embargo, el documento de la Contraloría es bastante claro y extenso, y da cuenta de los documentos firmados por Dina Boluarte cuando supuestamente estaba ya con licencia.

Son en total trece los documentos que reporta la Contraloría donde aparece la firma de Boluarte luego de la licencia. Seis corresponden al 26 de agosto del 2021. Uno es del 20 de setiembre. Dos son del 21 de setiembre. Dos del 11 de octubre y dos del 20 del mismo mes. Las rúbricas incluso estaban notariadas. Todas, cuando la funcionaria era ya ministra de Estado.

Ya por la noche la vicepresidenta sacó un segundo comunicado donde recién admite públicamente haber firmado documentos del Club Apurímac y precisa que fueron estrictamente por “casos de subsanación registral” necesaria para garantizar la sucesión. “No obedece en absoluto a funciones de dirección ni gestión”, agrega.

Dina Boluarte, en sus comunicados, hace énfasis en que los clubes departamentales son organizaciones sin fines de lucro.

No he incurrido en infracción constitucional del artículo 126 de la Constitución”, apunta.

Inhabilitación

El constitucionalista Ernesto Álvarez sostuvo que los clubes departamentales pueden no tener fines de lucro, pero sí tienen intereses particulares.

El constitucionalista Omar Cairo precisó a La República que el caso puede dar lugar a una denuncia constitucional con sanción de inhabilitación.

Sin embargo, apuntó que la inhabilitación tendría que darse únicamente respecto del cargo de ministra que actualmente ocupa en el Midis.

Desde su punto de vista, inhabilitarla por este caso para el cargo de vicepresidencia de la República dejaría en evidencia una maniobra para dejar un vacío, ante la eventualidad de una vacancia del presidente Pedro Castillo. “Sería desproporcional y le haría daño a la institucionalidad”, apunta.

Informe de fiscalización

Contraloría advierte posible infracción de la Constitución, que prohíbe a los ministros ocupar otros cargos.

Informe de fiscalización sobre Dina Boluarte. Foto: difusión

Reacciones

Omar Cairo, constitucionalista

“(Boluarte) podría enfrentar una denuncia constitucional y ser inhabilitada, pero solo para el cargo de ministra. Si la inhabilitan como vicepresidenta, sería una maniobra para dejar un vacío”.

Ruth Luque, congresista CD-JPinforme de fiscalización

“Necesitamos que todas estas denuncias sigan de manera rigurosa los criterios de objetividad. Si la Contraloría hizo público este informe, existen los mecanismos (como) una denuncia constitucional”.