El nuevo Tribunal Constitucional (TC), elegido por el fujimorismo, sus aliados y el grupo cerronista de Perú Libre, será quien resuelva la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Ejecutivo contra la ley que recorta el derecho a referéndum para reformas constitucionales.
Resulta contradictorio que Perú Libre haya avalado tal elección de magistrados, tomando en cuenta que esta bancada está en contra de la ley, puesto que vulnera la posibilidad de una Asamblea Constituyente mediante consulta popular.
Como se sabe, la composición del nuevo TC está vinculada, en su mayoría, a Fuerza Popular y Renovación Popular, agrupaciones que apoyaron esta propuesta de ley.
Pero no es el único tema en disputa.
La reforma universitaria es otra trifulca entre Ejecutivo y Congreso. El presidente Pedro Castillo dijo que observará la ley que le resta autonomía a la Sunedu. De ser así, de todas formas las bancadas de oposición la promulgarán por insistencia.
En ese escenario, en el Ejecutivo evalúan presentar una demanda de inconstitucionalidad contra dicha ley. Si no lo hacen, los abogados Luciano López y César Azabache vienen recolectando 5.200 firmas para interponer una acción de inconstitucionalidad que frene esa contrarreforma universitaria.
Tribunal Constitucional. Foto: composición de Jazmín Ceras / La República
Este proceso recaerá en manos de los nuevos magistrados. Su decisión determinará si están del lado de la autonomía de la Sunedu y la calidad universitaria o de los intereses de las bancada que respaldan esta norma.
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También está por verse si el dilema por los textos escolares llegará a esta instancia. El Parlamento aprobó una ley que le resta rectoría al Ministerio de Educación en la elaboración de textos escolares. El Gobierno aún no se pronuncia, pero las bancadas que eligieron a los seis magistrados tienen la consigna de promulgar este proyecto por insistencia. Una de las partes puede llevar esto al TC.
Otro tema importante es la consulta previa. En marzo, el TC resolvió en contra de una demanda formulada por las comunidades campesinas de Chila Chambilla y Chila Pucará, de Puno, contra la empresa Cemento Sur S.A. Augusto Ferrero, presidente del Tribunal, y los entonces magistrados José Luis Sardón y Ernesto Blume, votaron en contra de la demanda.
Las comunidades de Chila Chambilla y Chila Pucará protestaron porque Comento Sur S.A. había recibido una concesión minera sin que les hayan consultado previamente.
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El exmagistrado Eloy Espinosa-Saldaña informó que, como estos casos, hay otros pendientes en el Tribunal Constitucional. Por eso, Espinosa-Saldaña invoca a los nuevos tribunos a actuar con objetividad.
“Lo primero que debe demostrar el TC es su independencia e imparcialidad. No tiene que importarle nada quién los eligió, sino dónde está la verdad en función de la aplicación de la Constitución y los tratados”, manifestó.
Eloy Espinosa - Saldaña
Espinosa-Saldaña dijo que también está en juego en el TC los conflictos entre los grandes empresas y la Sunat por los tributos y el matrimonio igualitario.
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En este último, la demanda fue interpuesta por la congresista del Partido Morado Susel Paredes, quien no apoyó la repartija de la semana pasada para este nuevo Tribunal de tendencia conservadora asuma funciones.
El pleno del nuevo Tribunal Constitucional sostuvo ayer su primera reunión. Estuvieron presentes los magistrados Augusto Ferrero, Francisco Morales, Gustavo Gutiérrez Ticse, Helder Domínguez, Luz Pacheco y César Ochoa. Virtualmente estuvo Manuel Monteagudo.
Ahí tomaron el acuerdo de que la ceremonia para presentar a los electos magistrados será el 18 de mayo. La semana pasada juramentaron en privado.