Próximos al décimo mes del nuevo gobierno, tanto el Ejecutivo presidido por Pedro Castillo y el Congreso a cargo de María del Carmen Alva han tenido una relación escabrosa con el periodismo. Ambos poderes del Estado han coleccionado enfrentamientos con periodistas e incluso han advertido de su posición de poder para acallar las críticas hechas desde los medios de comunicación.
El ejercicio periodístico encarna un contrapoder que toda democracia debe aspirar a cuidar. Si esta gestión se jacta de serla, debería permitir el escarmiento de la investigación, la consulta del reportero y la cobertura inmediata de la televisión.
De momento, no parece ser el caso. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) emitió dos informes a la fecha sobre los ataques a la libertad de prensa en el Perú. De agosto a diciembre de 2021 (el gobierno de turno ya había comenzado) hubo 27 ataques a periodistas por parte de funcionarios públicos o agentes de seguridad (dígase policía, militar, serenazgo o vigilante). De enero a abril de 2022 la ANP recopiló 24 hostigamientos. Una suma de 51 desde que Pedro Castillo se puso el fajín y María del Carmen Alva fue elegida presidenta del Pleno.
Para ejemplarizar lo antes expuesto se recopiló 11 hechos en los que representantes del Ejecutivo y el Parlamento, del más alto rango hasta miembros de seguridad, atentan contra el quehacer periodístico.
A la mañana del 18 de agosto de 2021 la entonces reportera de TV Perú Tifanny Tipiani ejercía sus labores en la inmediaciones de la Plaza de Armas de Lima, cerca a Palacio de Gobierno. Tipiani se acercó al presidente Castillo y, en eso, agentes de seguridad del mandatario la empujaron con el afán de alejarla. Ella se quejó del hecho y volvió a correr, micrófono en mano, hacia el exprofesor de escuela rural, que pareció no darse cuenta de su presencia. Horas más tarde, el equipo de comunicación de Presidencia se disculpó.
Meses antes de que el jefe del primer gabinete asumiera su función, Guido Bellido, la periodista Karerina Bayona lo entrevistó para el canal Ikavisión, del Cusco. Cuando el también congresista de Perú Libre asumió la jefatura del Consejo de Ministros, el dueño del canal, Walter Cervantes, admitió sentir temor por las consecuencias de aquella conversación, según le contó Bayona al Instituto Prensa y Sociedad (IPYS). “Yo sí tengo miedo de mi canal y mi licencia, y por eso he decidido que no va a ir más el programa (...)”, le dijo el empresario a la periodista.
Publicación de Karenina Bayona.
El 15 de septiembre de 2021 la periodista de RPP Noticias Hellen Meniz asistió a una actividad del presidente en el distrito de Comas. Cuando trataba de arrinconarse junto a los otros reporteros para obtener alguna exclusiva, Franco Pomalaya, parte del equipo de prensa del mandatario, intentó quitarle el micrófono. Meniz denunció el hecho por Twitter y escribió: “Agresión. Se ve claramente cómo el señor Franco Pomalaya, del equipo de prensa de Pedro Castillo, intenta quitarme mi micrófono, mi herramienta de trabajo”.
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En noviembre de 2021 Castillo visitó Huancavelica, Arequipa. Durante su estadía, en la que almorzó con los gobernantes de la zona, precisamente el 23 del penúltimo mes del año pasado, el jefe de Estado enunció: “Debo condenar algunas actitudes nefastas por algunos medios de comunicación que han editado que estaba solo (...) y que la gente pedía vacancia cuando no es cierto; y encima estos medios de comunicación piden que, en vez de darle agua a los pueblos, les paguemos, demos presupuesto para que hablen bien del Gobierno”.
El asunto de la publicidad estatal salió a relucir desde entonces con una advertencia del mandatario. Lo contradictorio es que, meses después, en enero de 2022, cuando el periodista César Hildebrandt entrevistó al presidente, un hombre de Castillo Terrones le preguntó si su semanario —que lleva 12 años superviviendo en base a las contribuciones de los lectores— no quisiera publicidad estatal.
El lunes 21 de febrero de 2022 la prensa le repreguntó a Pedro Castillo por sus contracciones ante el Ministerio Público, respecto a la presunta interferencia en los ascensos de las Fuerzas Armas —motivo por el que el exfiscal Avelino Guillén luego renunciaría a la cartera del Interior. Desde Lurín, el jefe de Estado calificó de “chiste” a los reporteros que le reconsultaron ello, y centró: “Estamos hablando de la educación peruana. Por qué no se centran en los temas importantes. Ese es el problema que queremos cambiar en la educación peruana, hablemos de la educación, acompáñenme a ver las escuelas, a ver cómo están los niños desnutridos, a mí me interesa el país”.
El 23 de febrero de 2022 el jefe de Estado presentó el comedor popular número 450 en Ventanilla acompañado de alguno de sus ministros de Estado. Al ser consultado por el ejercicio de la prensa, Castillo respondió ante las cámaras de TV Perú: “Nuestra mente estaba enfocada en cómo tenemos que hacer llegar las laptops... Surgió por ahí alguna pregunta que el Perú sabe que está en un espacio de una investigación. Entiendo que sí se ha sentido incómoda la prensa (...) Si hay alguna situación por la que se haya herido parte de la susceptibilidad de la prensa, pido las disculpas correspondientes”.
No obstante, dos hechos próximos al hecho desmienten la disculpa de Castillo Terrones. Solo un día después reporteros de los medios comunicación asistieron a la clausura del foro “De la reactivación a la modernización del sector Construcción”. Al culminar el evento, personal de seguridad del Estado cerró la puerta para impedir el paso de la prensa. Según testimonios de reporteros de La República, solo se permitió el paso de periodistas de RPP Noticias y TV Perú. El resto quedó encerrado. Solo minutos después, luego de reclamos vociferados, se abrió la puerta.
Casi un mes después, el 21 de marzo de 2022, medios de comunicación enviaron a sus reporteros para cubrir la visita del presidente a la institución educativa inicial 197 Niño Jesús de Prado, en San Juan de Lurigancho. Mientras Castillo inspeccionaba el lugar, agentes policiales formaron un cordón para bordear la zona en la que transitó el mandatario. Castillo Terrones declaró recién al subir a su vehículo.
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El 24 de enero 2022 María del Carmen Alva recibió, en su calidad de presidenta del Congreso, el dictamen que busca la modificatoria de la ley de colaboración eficaz, aprobado por la Comisión de Justicia. Tres años después de que Fuerza Popular intentase promulgar como “falta muy grave”, causal de sanción, que un fiscal “comparta, transmita, comunique, filtre, entregue o que de cualquier otro modo ponga en conocimiento de terceros información reservada proveniente de una investigación a su cargo”, la mesa que encabeza Glady Echaíz (APP) aprobó una disposición similar.
El dictamen aprobado por la Comisión de Justicia que criminaliza el trabajo periodístico dice a la letra:
“El que indebidamente revela, proporciona, difunde, suministra, otorga o da, en todo o en parte, directa o indirectamente, la identidad de un colaborador eficaz, testigo, agraviado o perito protegidos, agente encubierto o especial, o el contenido de sus declaraciones, en cualquier estado de la investigación o del proceso, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años. Cuando el agente es funcionario o servidor público, y en razón del ejercicio de su cargo, profesión u oficio, tiene acceso a la información contenida en el párrafo anterior y realiza las conductas ahí previstas, la pena será no menor de cinco ni mayor de siete años, e inhabilitación”.
El 9 de febrero de 2022 congresistas de oposición se congregaron en el hotel Casa Andina Premium para maliciar planes vacadores en perjuicio del presidente Castillo. El reportero Eloy Marchán junto a un reportero gráfico estuvieron próximos a la reunión.
Fue entonces que Marchán, periodista de Hildebrandt en sus trece, registró el audio de Alva diciendo “(...) ¡Y Vértiz! No lo puedo creer que el domingo le he dado a Vértiz (la primicia) antes que a Cuarto Poder, me he peleado incluso porque me he ido a canal 9 y resulta que me están atacando. En vez de decir ‘esto ya pasó’ y no poner nada. Pues, la verdad que muy mal”.
Cuando la presidenta del Congreso advirtió la presencia de un fotógrafo en la calle que tomaba instantáneas a un evento de carácter privado, pidió a la seguridad del centro miraflorino que vaya detrás del reportero de H13. “¡Hay un fotógrafo allá! ¡Me tomó fotos! ¡Búsquenlo!”, vociferó Alva. Estos hechos están registrados en la edición N°573 del semanario.
El 12 de mayo de 2022 representantes de gremios periodísticos y periodistas exigieron ante la puerta del Congreso que se permita su ingreso para las coberturas que realizan. Hace dos años la restricción se aceptó a causa de la pandemia, pero en la actualidad todavía no se autoriza que se pueda informar las actividades parlamentarias desde las instalaciones del Legislativo.
Luego de que Maricarmen Alva gritase “no informen mal” a los reporteros asistentes, dijo que revisarían en la Junta de Portavoces si se autorizará el ingreso a los periodistas. Hecho que es preocupante porque, según el artículo cuarto de la Constitución Política del Perú, toda persona tiene derecho a las libertades de información, difusión y otros, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura ni impedimento alguno; y el periodismo, mal que bien, cumple de ampliador de los hechos que acontecen.