Este sábado 30 de abril, Walter Gutiérrez dejó oficialmente su posición al frente de la Defensoría del Pueblo, por lo que asumirá el cargo de defensora la primera adjunta de la entidad, Eliana Revollar Añaños, hasta que el Congreso de la República designe a un nuevo titular.
A diferencia del procedimiento de selección de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional —concurso público—, el Parlamento elegirá al sucesor de Gutiérrez Camacho a través del proceso de invitación. El referido método también se utiliza para el nombramiento de los tres directores del Banco Central de Reserva (BCR).
En su última sesión, la Junta de Portavoces acordó que las nueve bancadas presentarán su propuesta, como plazo máximo, hasta el martes 3 de mayo.
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A pesar de que la mayoría de agrupaciones prefiere reservar el nombre de sus candidatos hasta el día de la sesión, fuentes de La República confirman que en los pasillos del Parlamento suenan los nombres de Víctor García Toma, Julia Príncipe, Juan Jiménez Mayor y Samuel Abad.
Abogado, docente y jurista peruano que ha ocupado diversos cargos en el aparato público. A lo largo de la década de los 80, García Toma laboró como asesor del fiscal de la Nación (1986-1989), jefe de gabinete de asesores del ahora desactivado Ministerio de la Presidencia y secretario general de la PCM.
El letrado también fue magistrado del Tribunal Constitucional (2002-2007), donde se desempeñó como presidente entre 2005 y 2006. Ejerció como juez ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos entre 2008 y 2009.
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En 2010, juró como ministro de Justicia durante el segundo gobierno del fallecido líder aprista Alan García Pérez. Se mantendría en el cargo hasta septiembre del mismo año, mes en que se produjo la crisis total del gabinete Velásquez Quesquén.
Príncipe laboró en la Procuraduría del Estado por más de 13 años, de los cuales siete ejerció como procuradora de lavado de activos. Su salida del órgano adscrito al Ministerio de Justicia se dio en 2015 por una supuesta falta al reglamento de los procuradores.
En junio del año en mención, Julia Príncipe declaró a la prensa sobre una denuncia relacionada a la entonces primera dama y esposa del presidente Ollanta Humala, Nadine Heredia. Días después de su presentación ante los medios de comunicación, recibió un oficio del Minjus, donde se le requería sus descargos por presuntamente dar declaraciones sin autorización.
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En 2016, durante el régimen de PPK, la letrada regresó a la cartera de Justicia como presidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado.
Príncipe Trujillo buscó representar a la región Lima en el Congreso en los últimos comicios generales; sin embargo, renunció a su candidatura por motivos de salud.
Abogado con estudios de maestría en Derecho Constitucional y Política Jurisdiccional en la PUCP. Fue viceministro de Justicia durante el gobierno de Valentín Paniagua.
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Su regreso al Ejecutivo se daría 10 años después, en 2011, año en que juró como titular de Justicia del segundo gabinete ministerial de Ollanta Humala. En julio del año siguiente, asumió la presidencia del Consejo de Ministros.
Renunciaría a la PCM en octubre de 2013, presuntamente por declaraciones donde minimizó la inseguridad ciudadana que azotaba —y azota aún— al país.
La bancada de Perú Libre propondrá al constitucionalista y ex primer adjunto de la Defensoría, Samuel Abad Yupanqui.
El también catedrático ha sido miembro de la Comisión de Bases para la Reforma Constitucional que implementó el Gobierno de transición de Valentín Paniagua.
En 2003, fue uno de los especialistas que trabajó en el anteproyecto de Código Procesal Constitucional. Abad Yupanqui ha sido en numerosas ocasiones integrante del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso.
En tanto, Somos Perú llevará como propuesta al abogado Gastón Soto Vallenas, quien ha sido presidente del ahora desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y miembro titular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en representación del Colegio de Abogados de Lima.
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Soto Vallenas también se desempeñó como vicepresidente del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, entidad a la que renunció a una semana de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.
El letrado dimitió junto a Delia Revoredo y Carmen Mc Evoy debido a que no contaron “con un respaldo leal en parte del equipo de apoyo logístico que nos ha sido asignado por el JNE”.
Foto: documento
De acuerdo con el artículo 2 de la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo, el defensor del Pueblo es designado por el Congreso con el voto de los dos tercios de su número legal, es decir, 87 votos. El ciudadano elegido para desempeñar dicho cargo también debe cumplir con los siguientes requisitos:
“El defensor del Pueblo será elegido por cinco años, y podrá ser reelegido solo una vez por igual período. Finalizado el período para el que fue designado, el defensor del Pueblo continuará en funciones hasta que asuma el cargo su sucesor”, se lee en la norma.