César Villanueva Arévalo, procesado en el caso Odebrecht por haber recibido una presunta coima de US$320.000 a cambio de adjudicar la carretera San José de Sisa, en San Martín, seguirá siendo investigado por el delito de negociación incompatible que postula en su contra el fiscal del equipo especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche.
Así lo determinó recientemente el juez Jorge Chávez Tamariz al rechazar un pedido del expresidente del Consejo de Ministros para que prescriba el ilícito de negociación incompatible, delito que incorporó la Fiscalía en su contra desde el 28 de mayo de 2021.
La defensa de Villanueva sostuvo que al momento en que ocurrieron los hechos (2011) que le imputó el fiscal Germán Juárez “su persona tenía más de 65 años de edad, por lo que corresponde reducir la mitad el plazo duplicado que le correspondería a tal delito que tiene una pena máxima de 6 años privativa de libertad (que duplicado es de 12 años)”. Así, alegó que el delito había prescrito en diciembre de 2017.
No obstante, el magistrado Chávez Tamariz aclaró que al momento en que cometió el presunto delito, “el referido procesado aún no cumplía los 65 años de edad; en consecuencia no opera la reducción de los plazos prescriptorios por edad, según a lo establecido en el artículo 81 del Código Penal, no siendo de recibo el pedido de la defensa técnica”.
A César Villanueva, asimismo, la Fiscalía le imputa negociación incompatible porque el excongresista, cuando fue gobernador de San Martín, se habría interesado “en la consecución del presupuesto y/o recurso para la ejecución de la obra: rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Departamental Sm 102 Tramo San José De Sisa-Agua Blanca – San Pablo Emp- pe 5v (Div, Bellavista), buscando el financiamiento económico ante el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) y ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pedidos que fueron denegados”.
El fiscal Juárez también postula que Villanueva se habría reunido con el entonces congresista Víctor Isla Rojas, miembro de la Comisión de Presupuesto del Congreso para que se incorpore dicha obra a la Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 2012″. Una vez logrado ello, el expremier recibió dinero “de las empresas contratistas de la ejecución de la obra, Consorcio Bellavista (conformada por las empresas Construcción y Administración S.A. (CASA), e Hidalgo e Hidalgo S.A.) y de la supervisión de la obra, Consorcio Supervisor Bellavista”.
Villanueva cuenta actualmente con una serie de restricciones como el impedimento de salida del país, la incomunicación con testigos, peritos o coinvestigados, no ausentarse de su lugar de domicilio, la prohibición de declarar a la prensa sobre la investigación en su contra, entre otros.
El fiscal Germán Juárez Atoche, del equipo especial Lava Jato, investiga a César Villanueva por los delitos de colusión, cohecho pasivo y negociación incompatible desde el 2019. Ello porque el exlegislador habría recibido presuntamente US$320.000 de Odebrecht a cambio de la adjudicación y ejecución de la carretera Cuñumbuque-Zapatero-San José de Sisa, cuando fue gobernador regional de San Martín.
Por este caso, a Villanueva se le impuso primero prisión preventiva en 2019, que luego fue cambiada en abril de 2020 por el arresto domiciliario, donde el juez Jorge Chávez Tamariz le impuso también el pago de S/100.000 de caución al Estado.