El viernes 1 de abril, pasada las once de la noche, la fiscal adjunta de José Domingo Pérez, Paulina Roque Soplapuco, llegó a su domicilio en San Borja y encontró forzada desde el exterior la puerta de su departamento.
Habían ingresado a su casa, pero no para llevarse bienes de valor económico o dinero en específico. Se llevaron solamente una laptop con información reservada del caso Cócteles (Odebrecht) que se dirige contra Keiko Fujimori por lavado de activos y actualmente está en una fase previa al juicio oral.
Acorde con la denuncia que hizo Roque y a la que accedió La República, ella llegó alrededor de las 11:35 p.m. a su departamento del segundo piso ubicado en San Borja, pero la detuvieron los indicios de robo que encontró al llegar a la puerta de su casa.
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El Serenazgo de ese distrito llegó para recoger la declaración de Roque; poco después lo hicieron agentes de la Comisaría de San Borja para constatar que había ocho huellas dactilares dejadas por los delincuentes, quienes se llevaron el material de trabajo de la fiscal: una laptop marca Bell, propiedad del Ministerio Público y que se le había asignado al despacho del fiscal Domingo Pérez para laborar de forma remota a los inicios de la pandemia en 2020.
“En mi caso y del doctor Pérez, nosotros estamos abocados al caso Cócteles, de la señora Keiko Fujimori y Fuerza Popular. El dispositivo contenía toda la información de ese caso. Las circunstancias en las que ha sucedido la sustracción de la laptop son muy cuestionables porque solo se han llevado el dispositivo cuando en el departamento había también otros artefactos de valor. (...) Podría ser de interés esa información si es que llegara a la parte adversa”, cuenta para esta nota la fiscal Roque Soplapuco.
La fiscal agraviada indica que la laptop había sido utilizada también por otro fiscal adjunto que veía la investigación por el caso Westfield Capital contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Roque agregó en este sentido, además, que la información del dispositivo la aseguró previamente en otros discos duros, por cautela, sin embargo “se teme que la laptop con información reservada llegue a malas manos o se entienda de forma negativa”.
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Otro dato clave que recogió la Policía en sus diligencias fue que no hubo un forcejeo en la puerta principal del edificio de 4 pisos donde vive la fiscal Paulina Roque. Sí lo hubo, en cambio, solo en la puerta de ingreso al departamento de la funcionaria.
El 2 de abril, el perito de la Policía, Héctor Apaza Soria, elaboró un acta donde dejó constancia de que se habían desordenado los tres dormitorios y armarios del departamento de la fiscal Roque y procedió a recoger y lacrar los objetos donde se encontraron las huellas de los delincuentes.
“Hemos comunicado el doctor Domingo Pérez y yo al fiscal superior Rafael Vela sobre el acontecimiento. Y hemos sugerido que la Fiscalía de la Nación brinde las medidas adecuadas para cautelar al personal y garantizar de alguna manera el tratamiento de la información (...) me da un poco de temor en mi persona tras lo ocurrido, me siento más protegida dentro de la entidad que fuera de ella. Esperamos que la institución pueda dar las medidas adecuadas y nos dé más protección”, indicó la fiscal Roque ante lo sucedido.
La fiscal agraviada Paulina Roque viene cumpliendo un papel importante dentro del primer despacho del equipo especial Lava Jato, que encabeza el fiscal Domingo Pérez. Roque participa también activamente en las audiencias de revisión de la acusación contra Keiko Fujimori desde agosto de 2021, aproximadamente, cuando se instaló esta etapa previa al juicio oral contra los implicados.
En varias audiencias, suple al fiscal Pérez para sustentar las imputaciones para los acusados y también ha dirigido diligencias de toma de declaraciones cuando el caso Cócteles estaba en fase de investigación. Actualmente, Keiko Fujimori afronta un pedido de 30 años de cárcel por lavado de activos y otros delitos, junto a más de 40 personas acusadas con distintas penas de prisión solicitadas.
Roque informó a esta publicación que la denuncia todavía sigue en sede policial pero que, en los próximos días, esta puede elaborar un informe para que el Ministerio Público abra investigación y asuma esas competencias.