Congreso: SAC aprobó denuncia constitucional contra César Hinostroza
El informe de la denuncia constitucional formulada por la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos será remitido a la Comisión Permanente para que prosiga su trámite.
Este viernes 8 de abril, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) aprobó por unanimidad el informe final que acusa al prófugo ex juez supremo César Hinostroza como presunto autor del delito de tráfico de influencias agravado, previsto y sancionado en el Código Penal.
En el documento también se le señala como presunto instigador de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y alternativamente por la presunta comisión de delito de patrocinio ilegal en agravio del Estado.
En ese sentido, el informe final de la denuncia formulada por la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos contra el exjuez será remitido a la Comisión Permanente del Congreso para que el trámite continúe.
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En su condición de delegado, el parlamentario acciopopulista Wilson Soto estuvo a cargo de la sustentación, la cual giró en torno a la contratación de Brian Rojas Alonso en el Jurado Nacional de Elecciones y de Idalia Guerrero Sosa en el Poder Judicial.
De la revisión y análisis de los medios probatorios actuados, los aportados por las partes (denunciante y denunciado) y los testigos, Soto Palacios señaló que “se llega a establecer y determinar la existencia de fundados elementos reveladores e indicios de la comisión de los delitos atribuidos al denunciado ex juez supremo Hinostroza Pariachi”.
Otros temas en agenda de la SAC
En la misma sesión también fue sustentado el informe de calificación que declara improcedente la DC 74 (antes 415), formulada por el excongresista de Podemos Perú Aron Espinoza contra la ex primera ministra Violeta Bermúdez y el extitular del MEF Waldo Mendoza.
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La denuncia constitucional fue impuesta debido a la presunta infracción constitucional de los artículos 109, 123 y 38 de la Constitución, además de la probable comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y resistencia o desobediencia a la autoridad, tipificados en los artículos 377 y 368 del Código Penal, respectivamente.
Se imputa a los denunciados por la falta de implementación de la Ley 31083 —que establece un régimen especial facultativo de devolución de los aportes para los aportantes activos e inactivos bajo el Decreto Ley 19990 administrados por la Oficina de Normalización Previsional (ONP)—, que debió darse después de 15 días hábiles desde su publicación.
Con 6 votos en contra, 4 a favor y 4 abstenciones, la presidenta de la SAC, Rosío Torres Salinas (Alianza Para el Progreso), dijo que la denuncia sería reevaluada para volver a someterla a votación.