Congreso: presentan moción para citar a Torres para que justifique decreto de inmovilización

Luego de que el presidente Pedro Castillo anunciara la noche del lunes 4 de abril que se había decretado toque de queda en Lima y Callao desde las 2.00 a. m. hasta las 11.59 p. m. para este martes 5 de abril, el congresista Edward Málaga del Partido Morado ha presentado una moción para citar al primer ministro, Aníbal Torres, a fin de que explique ante el Congreso cuál ha sido la justificación para imponer tal medida, que contraviene la razonabilidad “prevista en la Constitución”.

“Es imperativo que el presidente del Consejo de Ministros asista al pleno a dar las explicaciones correspondientes, pues la situación de desorden y zozobra que ha generado esta medida requiere que sea abordada con madurez democrática y con apego estricto a la Constitución”, señala el documento.

Del mismo modo, especifica que se ven vulnerados “los principios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad” de la Carta Magna, pues si bien el Ejecutivo puede declarar estado de emergencia, este “tiene límites”. Por ello, el Estado no puede vulnerar los derechos fundamentales sin un motivo de peso.

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El oficio añade el pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo, donde cuestiona la medida restrictiva, y se señala que “no se ha expresado razón alguna que justifique una movilización social tan estricta ni se ha señalado de qué forma la misma contribuirá a preservar el orden social”.

Estado de emergencia se decreta solo si diálogo ha fracasado, según TC

Además, la moción consideró que de acuerdo al Tribunal Constitucional, antes de decretarse un estado de emergencia, se debe priorizar la negociación y el diálogo si se trata de una situación problemática, y solo se puede hacer uso de la medida restrictiva si lo demás ha fracasado.

“En el presente caso, el Gobierno ha optado por declarar el estado de emergencia como primera medida ante las protestas legítimas en contra de la crisis económica y social que afronta nuestro país actualmente. Y ha soslayado su responsabilidad política y constitucional de atender estos justos reclamos por la vía del diálogo democrático y la implementación de políticas públicas eficientes”, refiere la Carta.