Desde el primer día del paro indefinido de transportistas de carga pesada, la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) emitió reportes sobre la evolución de las manifestaciones advirtiendo que involucrarían a los sectores populares y que derivarían en acciones violentas si las demandas no eran atendidas. Pero los llamados de alerta no fueron tomados en cuenta por el Ejecutivo.
En un reporte del primero de abril, la Digimin informó: “A nivel nacional se registran 29 medidas de protesta en diversos sectores (...) contra la gestión de las autoridades, así como por beneficios económicos y laborales, los que ante su continuidad y radicalización, acrecentarían la conflictividad social en el país”.
En el caso específico del paro indefinido del Gremio de Transportistas y Conductores (GNTC), que se inició el 28 de marzo, la Digimin proyectó que se trataba de acción de “riesgo alto” porque afecta las actividades económicas y laborales, causará el desabastecimiento de productos de primera necesidad (y se registrarían) daños a la propiedad pública y privada, y se produciría la agresión al personal policial durante el restablecimiento del orden público’'. Es efectivamente lo que sucedió en Huancayo y Jauja el viernes primero de abril.
La Digimin destacó que la protesta de la GNTC y sus bases descentralizadas son “un rechazo al alza del precio de los combustibles y al incumplimiento del compromiso que suscribió el exministro de Transportes Juan Silva Villegas el 7 de noviembre de 2021″.
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Los reportes indican incluso que la región Junín se estaba convirtiendo en uno de los principales focos de las manifestaciones, mediante bloqueos de carreteras y desplazamientos de manifestantes, en particular en las provincias de Huancayo y Jauja. Las alertas fueron desoídas.
Desatino. El 31 de marzo, en plena ola de protestas, el Ejecutivo destituyó al recientemente designado jefe de la Digimin, coronel PNP (r) Martín Gonzales Sánchez.