Durante la sesión plenaria de este martes —donde se debate el voto de confianza al gabinete—, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, aseguró que el Gobierno seguirá combatiendo y desarticulando a las organizaciones radicales generadas por las agrupaciones terroristas Sendero Luminoso y Movimiento revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
Ante el Congreso, el primer ministro aseveró que la gestión del presidente Pedro Castillo seguirá “enfrentando los rezagos del lastre de la violencia terrorista, del que este Gobierno siempre ha deslindado”.
“Este año, seguiremos enfocados en desarticular a los remanentes de las organizaciones terroristas enquistados en el Vraem, que, además, vienen perjudicando a los pueblos indígenas y sus territorios. Asimismo, seguiremos identificando y desarticulando a los integrantes de los organismos generados por las organizaciones terroristas de Sendero Luminoso y del Movimiento revolucionario Túpac Amaru”, dijo.
En ese sentido, Torres Vásquez indicó que se repotenciará la oficina de patrullaje cibernético, lo que permitirá “rastrear y penetrar redes de información de las organizaciones terroristas”.
“Del mismo modo, se fortalecerá la interdicción en puertos y aeropuertos, con empleo de inteligencia estratégica y táctica, equipos tecnológicos y canes antidrogas para luchar contra la simbiosis de organizaciones de tráfico ilícito de drogas y terrorismo en el VRAEM. Para estos objetivos, se ha destinado un presupuesto ascendente a la suma 257 millones de soles, y vale resaltar que de enero a la fecha se han realizado 6 megaoperativos y 1.303 operativos”, añadió.
De acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Política del Perú, si el Congreso no otorga la confianza al Consejo de Ministros, se produce la crisis total del gabinete. Es decir, todos los titulares deberán presentar su renuncia ante el presidente de la República.
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Aceptada la renuncia, el jefe de Estado deberá nombrar un nuevo gabinete ministerial, que deberá concurrir al hemiciclo del Parlamento para solicitar el voto de confianza.
En caso de que esta también sea rechazada, el mandatario está en la potestad de disolver el Congreso.