El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró infundada la inscripción del padrón de 3600 afiliados del movimiento regional Yo Amo Arequipa. Ante esto, los asesores legales de la organización salieron a advertir una supuesta “mano negra” que estaría tratando de traerse abajo la candidatura al gobierno regional de Rohel Sánchez Sánchez. Indicaron que aún siguen a la espera de la resolución oficial, y con ello tomarán acciones. No descartan denunciar a los funcionarios que habrían participado en “errores administrativos”.
Sucede que el JNE había informado a todas las organizaciones políticas que debían entregar un solo padrón en una sola tanda antes del 5 de enero de este año. Los apoderados de Yo Amo Arequipa entregaron un padrón con 500 afiliados el 7 de diciembre del 2021. Pero en solo unos días, dicen, mucha gente acudió para unirse a la agrupación, por lo que al mediodía del 5 de enero tuvieron que presentar una solicitud de desistimiento del primer padrón, y a las 8 de la noche de ese mismo día introdujeron el padrón que consideran final y el único que el JNE debió tramitar.
Así lo señala José Suárez Llerena, asesor legal de Yo Amo Arequipa. Este sostuvo que “de forma inexplicable los funcionarios del Registro de Organizaciones Políticas dicen que no les llegó la solicitud de desistimiento y solo el padrón final. Y tampoco dicen haber recibido nuestras varias solicitudes alertándolos de tramitar primero el desistimiento y luego el padrón final que presentamos. Así lo señala la norma”.
Suárez Llerena agregó que no saben si el JNE declaró infundadas sus dos solicitudes o si solo una. Eso solo se conocerá cuando la resolución se publique. “Pero si en caso no nos permitieran inscribir a nuestros afiliados estarían vulnerando el principio de legalidad, de prioridad del proceso administrativo. Además, los derechos de defensa, porque no nos han notificado debidamente y el derecho constitucional de participación política”, señaló.
El asesor legal no descartó denunciar a los funcionarios implicados en las falencias. “Aquí no solo hay falencias administrativas, también hay delitos civiles y penales, porque es posible equivocarse una vez, pero no cinco”, alegó.