En el análisis del oficialismo, las fuerzas de oposición del Congreso de la República han emprendido una estrategia – a mediano plazo – de desgaste de la figura presidencial a través de recursos como las mociones de vacancia y las denuncias constitucionales. Advierten que la finalidad real, más que buscar que estas iniciativas prosperen en el Parlamento, sería generar un cansancio en el presidente de la República, Pedro Castillo, para alcanzar un escenario de crisis política que se perciba como insostenible y así precipitar su renuncia al cargo.
El último lunes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso declaró procedente la denuncia constitucional contra el jefe de Estado por sus declaraciones sobre el acceso al mar a Bolivia durante la desafortunada entrevista concedida a CNN. Con el voto dirimente de la presidenta de este grupo parlamentario, Rosio Torres (APP), se le dio luz verde a esta iniciativa que – luego de un proceso que durará meses – podría culminar con la suspensión, inhabilitación o hasta destitución del mandatario, si recibe el apoyo de las demás bancadas.
En opinión de Pasión Dávila, integrante del bloque magisterial de Perú Libre, la denuncia constitucional carece de un asidero real, porque solo se apoya en una declaración del jefe de Estado a un periodista, sin una acción concreta desde el Ejecutivo: “Esa denuncia no tiene nada de asidero. Están hablando de un dicho que incluso fue desmentido (por el excanciller Óscar Maúrtua). Con toda sinceridad, se está perdiendo el tiempo (en el Parlamento) con cosas que no son. Con un voto dirimente han ganado, quieren hacer un protagonismo político y nada más que eso, porque no tienen cosas concretas para acusar constitucionalmente al presidente”, declaró a La República.
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En la misma línea, la oficialista Francis Paredes Castro, representante de la región Ucayali, reveló que la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales no generó mayor sorpresa en Perú Libre porque son consientes de los esfuerzos para debilitar al mandatario: “A nosotros no nos sorprende porque van a seguir golpeando desde todos los espacios, todas las semanas, hasta que consigan su famosa vacancia. (…) Hay poderes por encima del Congreso, ellos (la oposición) solamente son utilizados como títeres. Es mi opinión personal”, comentó a este medio.
Parlamentario Pasión Dávila minimizó las críticas de la oposición respecto a la fiesta organizada por el ministro Luis Barranzuela. Foto: Congreso
Al presidente Castillo se le acusa de una infracción de los artículos 32, 54, 110 y 118, incisos 1, 2 y 11 de la Constitución, y por el presunto delito de traición a la patria al declarar sobre la posibilidad de darle salida al mar a Bolivia, expresiones que luego fueron aclaradas por el mismo jefe de Estado y desde la Cancillería. La denuncia fue presentada por los abogados Lourdes Flores Nano, Francisco Tudela, Fernán Altuve. Así, el recurso estaba destinado al archivo al haber sido presentado por personas que no estaban siendo directamente afectadas. Ante ello, los congresistas Norma Yarrow (Avanza País) y José Cueto (Renovación Popular) hicieron suyo el recurso y, finalmente, se pudo obtener el visto bueno de la subcomisión.
Pasión Dávila advierte que la denuncia constitucional es un recurso más que vendrá desde la oposición, que buscará presionar al jefe de Estado para que renuncie: “Van a buscar todas las vías alternas (a la vacancia) para querer sacarlo (a Castillo), pero ninguna va a surtir efecto porque lo están haciendo con una intensión malévola y sin sustento real. Van a buscar todos los argumentos para una vacancia, denuncia constitucional y tantas cosas más, pero todo se va a caer porque solo es un juego político para hacer renunciar al presidente. Todo es meramente político, no hay ninguna acción técnica”, expresó.
En la misma línea opina Francis Paredes, quien advierte que no solo vendrá una, sino muchas más denuncias contra el presidente Castillo: “Definitivamente (es una vía alterna a la vacancia), y van a venir por una, dos, tres y cuatro (recursos para sacar a Castillo). Identifiquemos quienes son. (…) Algunos congresistas piensan que sacando al presidente van a seguir con todo el saqueo de nuestro país”, declara.
Francis Paredes. Foto: Congreso
Según el Reglamento del Congreso, la denuncia constitucional – tras declararse su procedencia – pasará a la Comisión Permanente para generar un debate, votar y emitir un informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. En un plazo de 15 días hábiles como máximo, se debe iniciar un proceso investigador. Se elegirá a un delegado del caso, quien será el encargado de elaborar un informe de hechos y pruebas, el cual será revisado por lo integrantes del grupo parlamentario. Luego, se agendará una sesión en la que participarán el denunciante y el denunciado. Tras ello, el delegado emitirá un informe final donde se recomienda o no la procedencia de la acusación constitucional. Si consigue el respaldo, pasa nuevamente a la Comisión Permanente. Así, si en esta se consigue una votación favorable (mayoría absoluta) pasará al pleno. Un proceso que puede tardar meses.