Karelim López compró tarjetas de cócteles para la campaña de Keiko Fujimori en 2016
La investigada empresaria Karelim López pagó US$3.400 a Fuerza Popular por actividades proselitistas del partido en favor de la excandidata presidencial Keiko Fujimori en 2016.
La empresaria y lobista investigada Karelim López Arredondo ha sido mencionada en el expediente del caso Cócteles contra Keiko Fujimori, a propósito de las actividades proselitistas que se hicieron entre 2015 y 2016 para su segunda y fallida campaña presidencial en el Perú.
“[López Arredondo] aparece en las actividades del 10 y 24 de mayo de 2016 con dos operaciones bancarias. Le dio a Fuerza Popular, por compra de tarjetas para los eventos de los cócteles, US$3.400″, informó el fiscal José Domingo Pérez este lunes cuando intervino para sustentar las imputaciones por lavado de activos contra los acusados en el caso Keiko Fujimori.
Según los registros de Scotiabank, informó Pérez, Karelim López hizo un primer pago de US$1.400 y otro de US$2.000 a las cuentas bancarias del partido fujimorista en mayo de dicho año “que corresponden a sus transferencias por la compra de 8 tarjetas [del evento cócteles]”.
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López forma parte del grupo de personas que depositaron dinero a las cuentas de Fuerza Popular para la campaña presidencial del 2016 por la compra de dichas invitaciones, aseguró el fiscal.
Otro grupo de personas que también compró entradas en ese periodo fueron: Nelly Guevara Kuniyoshi, María Tempke Monteverde, Walter Chacón Málaga, entre otros.
Domingo Pérez y su adjunta, Paulina Roque, vienen argumentando las imputaciones por lavado de activos desde diciembre pasado, aproximadamente. Primero con los esquemas de lavado en las campañas de 2011 y 2016 así como la participación de falsos aportantes para recabar fondos en la candidatura de Keiko Fujimori.
“La idea era buscar a personas que tuvieran capacidad económica. Permitía tener contacto directo con ellas y, eventualmente, al producirse una investigación, se podía influir sobre para inducirlas a dar falsos testimonios”, sostuvo Roque en audiencia.
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De esta manera, Pérez se ocupó hoy de exponer a los falsos aportantes que fueron captados por Jorge Yoshiyama Sasaki y el excongresista Miguel Castro Grandez, resaltando además que hubo alrededor de 16 actividades proselitistas entre el 2015 y 2016 que reportaron ingresos al partido fujimorista por S/6.263.913.
El costo de las entradas para estos eventos o “Cócteles” era de entre US$250 y US$350 por tarjeta de invitación y algunos se realizaban en un local sin techo ubicado en la avenida Manuel Olguin N° 231, en Santiago de Surco. Estos seis encuentros “de lujo” permitieron al partido recaudar poco más de 4 millones de soles.
Fase previa al juicio
El juez Víctor Zúñiga Urday, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, viene controlando la etapa previa al juicio contra Keiko Fujimori y más de 50 acusados más por varios delitos. En este sentido, el magistrado viene evaluando desde diciembre de 2021 las pruebas, sustentaciones y otros documentos de la Fiscalía.
Se trata de un proceso que puede resultar extenso, pues las defensa y la Procuraduría de Lavado de Activos también intervienen para definir qué documentos, testigos y otros elementos pueden o no pasar a un juicio oral.
Domingo Pérez, en una conversación previa con este diario, había adelantado que el juicio podía realizarse para el segundo semestre del 2022 si el ritmo de las audiencias programadas por Zúñiga se mantenían de 2 a 3 veces por semana.
El caso contra Keiko abarca los delitos de organización criminal, asociación ilícita, lavado de activos, obstrucción a la justicia, falsa declaración y falsedad genérica.
Por este expediente, la Fiscalía pidió 30 años de prisión contra Keiko Fujimori y el “núcleo duro” de la presunta organización criminal que habría encabezado la excandidata presidencial: Pier Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa.
Jaime Yoshiyama, uno de los receptores del US$1.000.000 que Odebrecht entregó para la campaña de Fuerza 2011, José Chlimper y Adriana Tarazona también figuran como acusados a los que se les podría dictar 30 años de prisión.
“Ha habido una participación de Odebrecht en el Perú desde la década de los 90, cuando la acusada [Keiko Fujimori] tuvo cargos públicos importantes como primera dama 1994-2000, congresista 2006-2011 y siguientes como candidata a la presidencia”, indicó Pérez en una de las primeras audiencias donde sustentó el delito de organización criminal.
López es investigada por Puente Tarata y Petroperú
Karelim López se encuentra bajo escrutinio del Ministerio Público para esclarecer posibles actos ilícitos en su acercamiento al exsecretario de la presidencia Bruno Pacheco y el Gobierno.
Se le atribuye haber tenido interferencia en el Ministerio de Transportes para lograr un contrato a favor del Consorcio Puente Tarata y un contrato de abastecimiento de biodiésel en Petroperú, a favor de la empresa de Samir Abudayeh.
López rechaza los cargos y asegura que no realizó ninguna gestión ilícita a favor de las empresas involucradas en dichos contratos. Descarta convertirse en colaboradora eficaz.
