En Perú, las cortes se usan “como látigos” para callar a los periodistas
El autor de un libro sobre un empresario y político ha sido sentenciado a dos años de prisión, parte de una tendencia en la que los personajes poderosos emplean las cortes para castigar a sus críticos.
Por: Julie Turkewitz y Mitra Taj. The New York Times
La policía allanó la casa de un reportero luego de que investigó a una elitista organización católica. Un tribunal ordenó congelar los activos de dos reporteros luego de una denuncia de difamación interpuesta por un personaje poderoso. Un periodista deportivo dijo que el presidente de un club de fútbol era inepto y fue sentenciado a un año de prisión.
Y luego, la semana pasada, un juez sentenció a un periodista peruano a dos años de prisión e impuso un pago de 100.000 dólares luego de que un político poderoso y adinerado presentó una demanda por difamación.
Los expertos en medios dijeron que el fallo constituía la amenaza más directa a la libertad de expresión sucedida en años y que formaba parte de una tendencia preocupante en la región –y que es particularmente fuerte en Perú– donde figuras poderosas están empleando las cortes del país para intimidar y castigar a los periodistas que las investigan.
“Completamente se pone al margen de los principios fundamentales de libertad de expresión”, dijo Ricardo Uceda, líder del Instituto Prensa y Sociedad de Perú, sobre la decisión.
El político en este caso, César Acuña, es el protagonista de un nuevo libro del periodista Christopher Acosta, Plata como cancha, una expresión que quiere decir “dinero en abundancia”.
En el libro, Acosta cita a varias fuentes que acusan a Acuña, un multimillonario que se postuló a la presidencia y ahora dirige un partido político, de comprar votos, malversar fondos públicos y plagio. En su decisión, el juez del caso, Raúl Jesús Vega, dijo que una treintena de frases del libro eran difamatorias.
En vez de evaluar la veracidad de las frases, el juez Vega criticó al periodista por, según su criterio, no respaldarlas de manera suficiente.
El juez también determinó que Jerónimo Pimentel, director de la casa editora del libro, era culpable. Y el magistrado responsabilizó a Pimentel y a la editorial, Penguin Random House Perú, de la multa de 100.000 dólares, que deben pagar a Acuña.
Acosta no irá a prisión –muchas sentencias cortas son suspendidas en el país– y las partes están apelando el fallo.
Pero la acción legal cayó como un yunque entre los medios de Perú y muchos afirman que tendrá un efecto escalofriante en el periodismo.
Acosta, que casi con seguridad enfrentará un prolongado proceso de apelación, dijo que considera que la demanda tiene “además del afán de hostigar a un periodista en particular, también de querer mandar un mensaje al periodismo nacional”.
Ese mensaje, dijo, era claro: “Mira lo que te puede pasar si te metes conmigo”.
Los expertos en medios dijeron que el caso de Plata como cancha es particularmente preocupante porque, en su análisis, el juez Jesús Vega elevó significativamente las exigencias para los periodistas al sugerir que no es suficiente entrevistar y citar a varias personas con conocimiento de un asunto al hacer una denuncia.
Según los analistas, el lenguaje que el juez usó en la sentencia sugiere que, para poder publicarse, la información debe haber sido examinada por alguna autoridad como es el caso de las investigaciones del Congreso.
Pero un periodista no debería ser condenado por difamación si la evidencia del caso muestra que él o ella ha realizado la diligencia debida para intentar verificar los datos, dijo Miguel Jugo, abogado de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú.
A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos y México, donde la difamación es un asunto civil, en Perú está tipificada como un asunto penal, y se define como el acto de atribuir públicamente a una persona “un hecho, una cualidad o una conducta que pueda perjudicar su honor o reputación”.
En Plata como cancha, dijo Jugo, el juez asegura que Acosta no llevó a cabo la diligencia debida, algo que Acosta y sus muchos aliados disputan.
Acosta lidera la unidad de investigación de Latina Noticias, un importante canal de televisión en Lima. Todas las denuncias de su libro, le dijo al Comité para la Protección de Periodistas, son citas directas de entrevistas o artículos periodísticos, investigaciones de la Fiscalía o declaraciones juradas o testimonios legislativos.
Otros países en la región cuentan con leyes similares, explicó Natalie Southwick del Comité para la Protección de los Periodistas. Sin embargo, Southwick dijo que Perú tiene “las condenas más consistentes en casos penales de difamación”.
Según la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, las instancias en que se ha empleado el sistema judicial contra periodistas aumentaron de 18 a 29 por año entre 2018 y 2020.
Estas demandas por difamación suceden luego de años de un crecimiento económico que ha llenado las arcas públicas y que creó nuevas oportunidades de autocontratación en la clase gobernante.
En los últimos años, los escándalos de corrupción que involucran expresidentes, jueces y congresistas han desatado una batalla campal con enfrentamientos entre el Congreso y el Ejecutivo y protestas masivas que han causado que en el último año el país haya tenido cuatro presidentes.
Gran parte de los delitos han sido destapados por periodistas.
Pero los personajes poderosos han respondido, a menudo a través del sistema judicial, y en muchos casos con éxito.
“Usan al Poder Judicial y a la Fiscalía como látigos para callar a periodistas”, dijo Paola Ugaz, una reportera de investigación que ha enfrentado varias demandas y una indagatoria penal luego de revelar denuncias de abuso sexual y físico en una elitista organización católica en Perú.
“Ya me dirás ¿qué editorial quiere publicar sabiendo que le puede caer un pago de 400.000 soles, de una, y que el editor como persona natural esté condenado?”, dijo.
Un libro de Ugaz sobre las finanzas del grupo ha sido retrasado durante dos años debido a que, según indicó, ha tenido que enfocarse en su defensa legal.
Su compañero en la reportería, Pedro Salinas, recibió en 2019 una sentencia de prisión suspendida de un año luego de una demanda presentada por un arzobispo. Al final, el prelado retiró la demanda y una demanda similar contra Ugaz.
Pero a principios de este mes, las autoridades allanaron la casa de Salinas, diciendo que es sospechoso de corrupción por un trabajo que su empresa de relaciones públicas hizo hace años. “El daño emocional, familiar, psicológico, es muy grande”, dijo Ugaz de los casos legales. “Y van cuatro años”.
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El poderoso Acuña
César Acuña Peralta, de 69 años, el magnate que presentó la demanda contra Acosta, se convirtió en alcalde de la ciudad de Trujillo justo cuando Christopher Acosta, ahora de 38 años, empezaba su carrera como reportero de investigación en la misma ciudad.
Con el paso de los años, Acuña, que construyó su fortuna como dueño de una cadena de universidades privadas, sería congresista y gobernador.
Acuña se postuló a la presidencia en 2016 y en 2021. Pero, la primera vez, le prohibieron participar en la contienda luego de que apareció en un video prometiendo que entregaría efectivo en un barrio pobre. Para ese momento ya había caído en los sondeos, luego de que los medios locales reportaron que se sospechaba que había plagiado secciones de su tesis doctoral, así como un libro escrito por un exprofesor.
Al final, el instituto de protección a la propiedad intelectual del país determinó que Acuña había violado las reglas de derechos de autor en ambos casos y le ordenó pagar multas. La Universidad Complutense de Madrid, tras una investigación, decidió que no había causas suficientes para anular la tesis.
El partido de Acuña, a pesar de su caída en popularidad, ha logrado una presencia creciente en el Congreso. El año pasado ayudó a enjuiciar y vacar al expresidente Martín Vizcarra, y se dice que es una bancada crucial para la supervivencia política del presidente actual, Pedro Castillo.
Acuña descarta las acusaciones incluidas en el libro y dijo que los defensores de la prensa estaban “exagerando” sobre el posible efecto de su demanda.
“Les digo a los amigos periodistas que no tengan miedo”, dijo, “si cumplen con su código, su código que tienen los periodistas”.
A su parecer, ese código periodístico incluye la responsabilidad de “unir a los peruanos y no dividirlos como está pasando ahora”.
Southwick, la defensora de la prensa, dijo que el caso “refleja una sensación duradera entre las personas poderosas en varios países de la región de que están por encima del escrutinio”. Dio ejemplos de casos recientes en Guatemala y Brasil en que personajes poderosos han empleado al poder judicial para demandar a periodistas.
Y agregó que “parte de ser funcionario público es estar dispuesto a que se te cuestione y tus acciones sean examinadas”.
