Por Alonso Collantes
El juez penal Richard Concepción Carhuancho seguirá a la cabeza de las audiencias relacionadas al caso Interoceánica Sur (tramos 2 y 3) donde están acusados el expresidente Alejandro Toledo, los empresarios José Graña Miró Quesada, Fernando Camet y otros por presuntos sobornos de Odebrecht.
La República accedió a la decisión de la Primera Sala de Apelaciones Nacional donde se ratificó la validez de las decisiones de Concepción Carhuancho en el caso y que fueron cuestionadas por el acusado José Castillo Dibós, exdirectivo de la empresa JJC, también involucrada en la trama de coimas brasileñas en el Perú.
Tal como se publicó previamente en este medio, Castillo Dibós buscó la separación del magistrado mediante un recurso (recusación) donde explicó que hubo “parcialidad” en Concepción Carhuancho al dictar prisión preventiva a Avraham Dan On, exjefe de seguridad de Alejandro Toledo, pues se habría pronunciado sobre temas de fondo en el caso Interoceánica.
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No obstante, el tribunal señala en su resolución del 10 de noviembre último que “lo resuelto por el juez no puede considerarse como un adelanto de opinión, pues los fundamentos que la defensa señala como tales, forman parte de la apreciación conjunta que realiza el juez respecto del requerimiento formulado por el Ministerio Público”.
Además, aclara que ello tampoco inhabilita a Concepción Carhuancho a seguir resolviendo pedidos de la Fiscalía como la variación de medidas contra los implicados.
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Los jueces de la Primera Sala (Edita Condori, Rómulo Carcausto y Javier Sologuren) aclaran en este sentido que “la resolución expedida por el juez de investigación preparatoria se emitió dentro del cauce normal al no existir un imperativo legal que obligue a fijarla en la resolución judicial señalada por la defensa técnica- Auto de enjuiciamiento-”.
Es decir, que Concepción Carhuancho no estaba obligado, como lo sostuvo el abogado César Nakazaki, defensa de Castillo Dibós, a resolver solo después de tener en clara una fecha para el juicio contra los implicados.
En agosto de 2020, el fiscal José Domingo Pérez presentó su pedido de acusación contra 9 personas, incluyendo a Alejandro Toledo; y de sobreseimiento (archivo) del caso para otros tres ciudadanos.
Definida la permanencia de Concepción Carhuancho en la revisión de este requerimiento fiscal (fase previa al juicio contra los involucrados, también llamada etapa intermedia), solo falta fijar una fecha para continuar con esta fase.
En la acusación se solicitaron 20 años y medio de cárcel contra el expresidente Toledo por haber cometido los delitos de colusión y lavado de activos.
Al exmandatario se le imputó haber pactado irregularmente con la constructora brasileña Odebrecht para que gane el concurso sobre la vía IIRSA Sur y recibir, a cambio de ello US$35 millones, aproximadamente.