Merino solicita pensión vitalicia mientras heridos del 14N aún no pueden pagar sus cirugías

Este 14 de noviembre se cumple un año de las marchas contra el régimen del expresidente de facto Manuel Merino. En aquellas protestas, la represión policial dejó como saldo dos jóvenes fallecidos y decenas de heridos. Hoy, informes como el de La República Data, revelan que los manifestantes aún siguen con complicaciones de salud física, psicológica y, sobre todo, con problemas económicos.

No le alcanza el dinero

Gran indignación causaron las declaraciones del acciopopulista Manuel Merino cuando justificó la solicitud que realizó al Congreso de la República para que se le otorgue una pensión vitalicia de 15.600 soles mensuales por haber ocupado ilegítimamente el cargo de presidente durante seis días.

El excongresista Manuel Merino afirmó que debido a las numerosas denuncias que tiene en su contra, necesita dinero para pagar a sus abogados. “Yo he iniciado el pago (a los abogados) con plata personal mía, pero es insuficiente”, justificó después de afirmar que es el Estado quien debería pagar su defensa.

Cabe recordar que parte de las denuncias en contra de Manuel Merino son por la muerte de Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez, y por las diversas lesiones ocasionadas a 78 personas durante las marchas de noviembre de 2020.

Heridos, sin justicia y con problemas económicos

La otra cara de la moneda son los jóvenes que resultaron heridos por la represión policial del régimen de Merino, en noviembre de 2020. Son varios, según un reciente informe del portal periodístico Salud con Lupa, los que un año después continúan con problemas de salud física, psicológica y apuros económicos.

Tal es el caso de Hanns Licera, un joven deportista que fue herido en su rodilla y luego de gastar más de 17.000 soles entre operaciones y medicinas, no puede volver a trabajar porque su menisco se ha desprendido y necesita otra intervención quirúrgica que costaría hasta 25.000 soles.

Así como Hanns, hay decenas de heridos que hasta hoy, un año después, no encuentran justicia y deben solicitar préstamos o realizar actividades para recaudar dinero; mientras tanto, la persona denunciada como responsable de estas lesiones solicita una pensión vitalicia de 15.600 soles al Estado peruano.

Por el momento, las investigaciones de estos hechos violentos volverán a realizarse luego de que anularan la resolución que absolvía a los 11 efectivos involucrados en la represión de las marchas. Asimismo, Manuel Merino tiene abiertos varios procesos en su contra y una denuncia constitucional pendiente de aprobación en el Congreso de la República.