El gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, continuará en manos de las autoridades y deberá cumplir los 10 días de detención preliminar dispuestos, en primera instancia, por un juzgado de Investigación Preparatoria señalado de presuntamente liderar la organización criminal Los Hijos del Cóndor, mediante la cual entregaba dádivas a funcionarios y autoridades regionales a cambio de beneficiarlo en sus decisiones y propuestas legislativas, entre otros actos.
La Segunda Sala Penal de Apelaciones analizó el pedido de la defensa de Cáceres Llica para dejar sin efecto la detención preliminar así como la respuesta del Ministerio Público. De acuerdo a los jueces superiores, se cumplen todos los elementos para la aplicación de la medida coercitiva contra la autoridad regional.
Durante la lectura de la resolución judicial, aprobada por unanimidad por los magistrados superiores Carmen Lajo Lazo, César de la Cuba Chirinos y Jaime Moreno Chirinos, se desprende que se cumple el peligro de fuga debido a la posible pena que se le podría imponer al sospechoso, la cual sería superior a los cuatro años de cárcel.
Con relación a los arraigos familiar, domiciliario y laboral, hicieron hincapié en este último punto y detallaron que precisamente desempeñando su labor funcional como autoridad regional, Cáceres Llica, así como los funcionarios y consejeros regionales, presuntamente, habrían perpetrado los posibles delitos de organización criminal y cohecho.
Además, según la lectura realizada por el magistrado De la Cuba Chirinos, de la exposición realizada por las partes, se desprende que es posible la desaparición de pruebas o su mutilación, sobre todo de aquellas comunicaciones que se consignan en los equipos de comunicación. Asimismo, Cáceres Llica contaría con los recursos económicos suficientes para evadir a la justicia.
Incluso, analizaron los audios presentados preliminarmente e indicaron que estos se convierten en elementos plausibles de la comisión de presuntos delitos. La Sala, además, dio cuenta de la afectación a los derechos humanos que provocan los actos de corrupción.
Por todas estas razones, detalladas durante la lectura de la resolución, los magistrados superiores declararon infundada la apelación de la defensa de Cáceres Llica.
Al término de la audiencia, el abogado Gonzalo Bellido, defensor de una de las partes, decidió recusar (pedir a los jueces superiores que se aparten de este caso) a la Sala por adelantar su decisión respecto al caso de Cáceres Llica y que -según argumentó- marcaría un precedente para los otros procesados.
Según Bellido, así las cosas ya no tiene sentido continuar exponiendo la defensa de los otros implicados, cuando ya se sabe el criterio que tiene en cuenta la Sala. En respuesta, los jueces precisaron que no hay motivo para que se inhiban del caso.
En todo caso, será otra Sala Penal de Apelaciones la que resuelva si estos jueces continúan o no viendo las apelaciones.
Asimismo, programaron para el lunes 1 de noviembre la atención de la apelación formulada por Jeymi Natividad Flores Quicaña, consejera regional y Rolando Erme López Chire, funcionario de la oficina de Ordenamiento Territorial. Para el miércoles 3 se verá los casos de Edwin Wilson Esquivel Alcamora, asesor del gobierno regional y Tomas Wuile Ayñayanque Rosas, consejero regional, y para el jueves 4, los requerimientos de Santiago Neyra Almenara, consejero regional y Augusto Palaco Toro, jefe de Asesoría Legal.