La investigación que propició la detención del gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, así como sus funcionarios de confianza y varios consejeros regionales, inició en el año 2019, cuando una testigo protegida acudió ante las autoridades para denunciar lo que ocurría entre algunos integrantes del Consejo Regional de Arequipa, el Ejecutivo regional y Autodema.
El día 24 de octubre del 2019, se presentó ante la Policía y la Fiscalía Especializada de delitos de Corrupción de Funcionarios, la testigo protegida signada con el número 004-2019 para denunciar una serie de hechos irregulares y, al parecer, ilícitos, protagonizado por el entonces gerente de Autodema, Marcelo Córdova Monroy, quien habría ofrecido parcelas de tierra a algunos consejeros regionales a cambio de apoyarlo en el proceso de interpelación en su contra ante el Consejo Regional.
De acuerdo a la denunciante, quien rindió sus declaraciones ante policías y el magistrado Arturo Valencia Paiva, de la Fiscalía Especializada de delitos de Corrupción de Funcionarios, dicho ofrecimiento de entregar terrenos se les habría efectuado a los consejeros Jeymi Flores, Beto Bernal, Miguel Guzmán y otros. Lo único que debían hacer, según Córdova, era apoyarlo en la votación para que no prospere la interpelación en su contra a cambio les darían parcelas en el sector “Las Bambayas”.
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Además, la testigo refirió que Elmer Cáceres Llica tenía conocimiento del ‘apoyo’ que darían a los consejeros, quienes después verían los beneficios. Es así que, a fin de evidenciar los presuntos actos de corrupción, la denunciante se incorporó en el círculo de los funcionarios del gobernador regional, recibiendo llamadas de estos.
El día de la interpelación, los consejeros implicados cumplieron su promesa de apoyar a Marcelo Córdova, en la interpelación, contando con una abstención. Con ello se ocasionó que no se pueda llegar a la mayoría para sacarlo del cargo.
Asimismo, la testigo codificada señaló que el gobernador Elmer Cáceres tiene su grupo aliado en el Consejo Regional, a quienes les promete obras, beneficios económicos y laborales a cambio que no lo fiscalicen y lo apoyen en todos los contextos (interpelaciones, no declarar en su contra, entre otros).