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Política

Legisladora adulteró un documento para trabajar en el Congreso

Sentenciada. Fujimorista Olivos preside la Comisión Agraria. En el 2011 falseó una constancia universitaria para regularizar su contrato cuando laboraba para el despacho de Elard Melgar.

larepublica.pe
Antecedentes. Leslie Olivos admitió ante las autoridades que había modificado una constancia para regularizar su contrato. Foto: difusión

La fujimorista Leslie Olivos Martínez pertenece al grupo de congresistas que presiden comisiones ordinarias, a pesar de enfrentar serios cuestionamientos. Su caso es uno de los más graves: fue sentenciada por el delito de falsificación de documentos en agravio nada menos que del mismo Congreso.

El caso fue alertado por esta redacción cuando Fuerza Popular tomó la decisión de elegirla para asumir la presidencia de la Comisión Agraria, pues la sentencia está consignada en la hoja de vida que Olivos presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). No hubo ninguna reacción desde la tienda fujimorista ni desde los otros grupos parlamentarios.

Faltaba conocer los detalles que motivaron aquella sentencia dictada en el año 2015.

Leslie Olivos

Admitió los hechos

La República tuvo acceso al texto íntegro de la sentencia. Los hechos nos remontan al 2011. Aquel año, el fujimorismo había logrado 37 representantes en el Congreso.

Leslie Olivos, que por entonces se desempeñaba como comunicadora en Huaral, ingresó a trabajar al Congreso. Así lo consigna en su hoja de vida.

Si bien la información que da no es completa sobre la oficina donde prestó servicios, La República pudo establecer que laboró en el despacho del entonces parlamentario fujimorista Elard Melgar Valdez.

Planillas de los meses de setiembre y noviembre del 2011 consignan el nombre de Leslie Olivos con el cargo de técnico. Fecha de ingreso: 27 de julio. Es decir, apenas Melgar asumía el cargo congresal.

Elard Melgar

Pues bien. Para entonces Olivos tenía 24 años y aún cursaba la carrera universitaria de Derecho. Días antes de ingresar a laborar al Congreso, solicitó una constancia de estudios a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la universidad privada Inca Garcilaso de la Vega. El documento fue expedido con fecha 20 de julio del 2011.

Sin embargo, la copia recién fue entregada el 8 de setiembre, a solicitud del Grupo Funcional de Registro y Control de Personal del Parlamento.

El documento que presentó Olivos tenía una modificación. La universidad había acreditado que cursaba el V ciclo. Sin embargo, ella lo adulteró para que apareciera como si cursara el VIII ciclo.

El caso fue detectado y llegó a manos del Ministerio Público, que inició una investigación por el delito de falsificación de documentos en agravio del Congreso.

Olivos no solo había adulterado un documento privado, sino también lo había presentado ante el Parlamento.

En su manifestación, Olivos se declaró inocente, pero reconoció que había presentado una constancia adulterada. Admitió que había la modificación para que apareciera como si se encontrara en el VIII ciclo de la carrera. Dijo que lo había hecho “con la finalidad de regularizar su contrato de trabajo”.

El 4 de marzo del 2015, Olivos fue sentenciada a tres años de pena suspendida por el delito de falsificación. También se fijó 1.500 soles como pago de reparación civil. La sentencia fue declarada consentida el 13 de abril del mismo año.

Dos años después, el 29 de marzo del 2017, una jueza decidió declarar la remisión de la pena, porque Olivos había cumplido las reglas de conducta e incluso había cancelado la reparación civil.

Sentencia consentida

El Poder Judicial la sentenció en marzo del 2015. En el 2017 declararon la remisión de la pena, porque había cumplido las reglas de conducta e incluso pagó la reparación civil.

Foto: difusión

Foto: difusión

Foto: difusión

Desaciertos en comisiones

La sentenciada Leslie Olivos no es la única legisladora con cuestionamientos al frente de una comisión ordinaria.

Alejandro Aguinaga preside la Comisión de Fiscalización y sobre él pesa una acusación fiscal por el delito contra la vida, en el caso de las esterilizaciones forzadas de la dictadura de Fujimori y Montesinos.

Médico. Alejandro Aguinaga es uno de los denunciados. Foto: Aldair Mejía/La República

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