El túnel y Mariela Barreto: un asesinato por esclarecer

Por: Edmundo Cruz

Necesario ejercicio de memoria. Hace 24 años ocurrieron dos acontecimientos relevantes cuya relación no se ha establecido hasta hoy. En marzo de 1997 salió a luz el primer indicio de la construcción secreta de un túnel bajo la residencia del embajador de Japón para liberar a los rehenes. Y el mismo mes fue asesinada la agente de inteligencia Mariela Barreto Riofano, con un intervalo de apenas dos semanas. ¿Cuál es esa relación?

El jueves 6 de marzo de 1997, el mundo estaba pendiente de lo que acontecía en la residencia del embajador de Japón en Lima (Perú), donde un comando del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) mantenía secuestradas a 72 personas nacionales y extranjeras. Al inicio sumaban más de 500.

Los rehenes cumplían su jornada número 79 de cautiverio, cuando a las 10:30 a.m. (hora de Perú), el cabecilla del grupo plagiador, Néstor Cerpa Cartolini, se comunicó vía radio con el periodista Miguel Real, corresponsal de la cadena internacional WTN.

“Desde hace tres días escuchamos algunos ruidos debajo del piso de la residencia. Hoy en la madrugada con mayor intensidad”, declaró en tono de denuncia Cerpa, refiriéndose al eco subterráneo de picos y lampas que fluía del subsuelo.

“No es una invención nuestra, inclusive a los señores retenidos les hemos hecho escuchar”, añadió el subversivo para dar credibilidad a su versión.

Con similar parlamento, el jefe secuestrador recibió ese mismo día a los garantes Michel Minning, representante de la Cruz Roja Internacional; Anthony Vincent, embajador de Canadá, y monseñor Luis Cipriani, personero del Vaticano; los únicos que podían ingresar a la residencia tomada.

“Todo indica que existe, o por lo menos hay la intención de preparar, un ataque militar utilizando una táctica de ataque externo y de infiltración interna”. Néstor Cerpa no pudo ser más explícito: los propios excavadores se habían hecho escuchar.

La denuncia del jefe del MRTA no fue menos impactante para el equipo de reporteros de La República, que semanas atrás, entre el 15 y 31 de enero, había detectado, fotografiado y filmado los exteriores de lo que podía ser la excavación de un túnel bajo la residencia del embajador de Japón. Pero decidieron no publicar. ¿Por qué?

Investigación embargada

Entre las evidencias registradas por La República destacaba un desplazamiento singular de vehículos alrededor de la residencia japonesa.

Cuatro camionetas policiales ingresaban diariamente a una vivienda de la cuadra 2 del jirón Marconi, colindante con la parte trasera de la sede diplomática. Ninguna de ellas cumplía una función clara. Ni relevaban personal, ni transportaban alimentos u otra logística.

Circulaban de once de la noche a tres de la madrugada y seguían un itinerario cambiante con destino fijo. Partían de la vivienda del jirón Marconi, distrito San Isidro, y terminaban en la sede del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), en la avenida Las Palmas, distrito de Chorrillos.

Las camionetas ingresaban a la casa del jirón Marconi raudas y ligeras de peso. Y al salir se desplazaban lentas e inclinadas hacia atrás, como si una pesada carga las presionara.

En un acercamiento a poca velocidad desde su propia movilidad, los periodistas divisaron y fotografiaron restos de tierra desperdigados en el peldaño posterior de una de las camionetas, indicio de la carga que transportaban.

Dilema ético

Cada uno de estos pasajes estaba verificado, la primera semana de febrero, cuando los reporteros se reunieron con el director de La República, Gustavo Mohme Llona, para evaluar resultados y decidir su publicación.

Consideraron, de un lado, que lo reportado evidenciaba la preparación de una salida de fuerza a la crisis, contraria a los compromisos de búsqueda de una solución pacífica asumidos por Fujimori ante la comunidad internacional, por tanto, ameritaba publicación. Por otro lado, el equipo advirtió que la publicación revelaría una operación que, aunque contradictoria, estaba motivada en la defensa de la vida de los rehenes. Dilema ético: en un platillo de la balanza pesaba la verdad y en el otro, la vida. Resolvieron no publicar y embargar la investigación hasta el desenlace de la crisis.

Tal decisión fue revisada por La República la mañana de aquel 6 de marzo de 1997, luego de que Néstor Cerpa lanzara su denuncia. El secreto había sido revelado por los propios excavadores. Para los periodistas desapareció el dilema ético y se decidió publicar la investigación para confirmar lo que ya era de dominio público.

Al día siguiente, La República sacó a luz su investigación con llamada en portada. Y El Comercio hizo lo propio. Si alguien alertó a los secuestradores, fueron los propios excavadores y sus responsables.

El factor túnel

El 23 de marzo de 1997, dos semanas después de que se publicara la investigación sobre la construcción del túnel, el cuerpo decapitado y mutilado de la suboficial EP Mariela Lucy Barreto Riofano, agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), fue arrojado en la carretera Lima-Canta, kilómetro 25.

Desde diciembre de 1996, Mariela Barreto era investigada por Inspectoría del Ejército. Se le acusaba de haber filtrado información calificada a la prensa sobre varios casos. El más sensible: el “Plan Bermuda”, un operativo que el SIE alistaba para atentar contra el periodista César Hildebrandt. Su objetivo y detalles fueron difundidos por La República, en su edición del 9 diciembre de 1996, una semana antes de que se estallara la crisis de los rehenes.

Fue una etapa en que la fuga de información de este tipo proliferó y el Ejército aprobó un plan denominado “Tigre” para identificar y sancionar al personal responsable. Bajo esta norma se investigaba a Mariela Barreto cuando fue ultimada.

Enero y febrero de 1997 fueron meses de interrogatorios, maltratos y torturas, en el Pentagonito y en los sótanos del SIE. También hubo internamientos en el Hospital Militar. Por su estado de gestación de su segunda hija, la agente no fue interrogada en los sótanos y pudo dar a luz poco antes de ser asesinada.

La identificación de los restos abandonados en la carretera a Canta se dio a conocer el 6 de abril. El nombre de Mariela Lucy Barreto Riofano ya era conocido por la opinión pública, como agente de inteligencia mujer y esposa, en un primer compromiso, del mayor EP Santiago Martín Rivas, jefe del Grupo Colina. Pero en los meses previos a su asesinato, su nombre se mencionó mucho más con relación al “Plan Bermuda” que tenía como objetivo al periodista César Hildebrandt.

De ahí que cuando la prensa y el imaginario popular empiezan a especular en torno al móvil de la horrorosa eliminación de la agente Barreto, las versiones la asocian con el “Plan Bermuda” como móvil. No solo eso, sino que las propias acusaciones fiscales en un comienzo siguen el mismo derrotero.

La investigación judicial se inició de oficio, pero no mantuvo continuidad. De partida, los restos del cuerpo sin cabeza y sin manos multiplicaban la complejidad del caso, aparte de otros factores e intereses. El caso se estancó hasta que el año 2007 la Fiscalía reabrió el proceso, se practicaron exhumaciones que dieron algunas luces y en agosto del 2016 el Colegiado B de la Sala Penal Nacional inició juicio oral. La Fiscalía ha acusado y planteado penas. Las sombras rondan aún alrededor del móvil.

La creciente fuga de información sensible y las características horrendas de la eliminación de la agente Barreto, poniendo de por medio al “Plan Tigre”, dan al crimen visos de represalia y advertencia. Pero en cuanto al móvil, se insiste únicamente en Bermuda, y hay razón, pero no se examina un hecho más cercano no solo en el tiempo sino en las repercusiones: la construcción del túnel.

A inicios del 2008, en respuesta a mi pregunta “¿por qué se asesinó a Mariela Barreto?”, una fuente de información reservada pero vinculada al hecho respondió: la asesinaron porque ella alcanzó a La República los números de las placas de las camionetas que transportaban la tierra de la residencia del embajador de Japón al SIN. Eso era un secreto de Estado.

Falso. Le expliqué que los números de las placas y otros detalles los obtuvieron los reporteros de La República, en forma progresiva, durante quince días de observación de campo, de once de la noche a tres de la madrugada, en la segunda quincena de enero de aquel año. Por eso, no fue una reconstrucción completa, como se advierte en el reporte publicado: “Dos de los vehículos observados llevaban escrito en sus laterales el nombre de Unidad de Rescate. Sus placas tenían la numeración TM-2912 y TM-2911. Una tercera unidad móvil con las siglas de UDEX llevaba la placa numero TS-2560. Algunos días intervino un cuarto vehículo policial Comancar”.

La hipótesis de que la agente Mariela Barreto Riofano haya sido asesinada en base a una falsedad debe ser considerada e investigada con rigor y entereza.

El Plan Tigre-1996

El SIE inició actos de contrainteligencia debido a que La República venía difundiendo información del Ejército. El plan incluía investigar a Barreto.

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