Kenji Fujimori insiste en no pagar S/50.000 por el caso “Mamanivideos”

El acusado excongresista Kenji Fujimori ha solicitado a un tribunal de jueces supremos que se acepte su pedido de entregar provisionalmente un inmueble en San Borja a cambio de no pagar S/50.000 de caución por el caso “Mamanivideos”, en el que según la Fiscalía se compraron votos para evitar la vacancia de PPK en 2018.

La audiencia se realizó este viernes ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia. Meses atrás, en primera instancia, el juez Hugo Núñez Julca había rechazado la petición de Fujimori señalando que sí tenía los medios para pagar al Estado.

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No obstante, la defensa de Kenji, el abogado Ronald Llontop, insistió en apelación para que se apruebe su solicitud indicanto que “las propiedades del señor Kenji Fujimori están embargadas por el Poder Judicial por un monto de S/400.000 lo que hace imposible ofrecerlo como garantía real”.

Asimismo, precisó que “mi patrocinado es aún bachiller, lo que le impide ejercer como ingeniero agrónomo. se dedica a la venta de productos belleza Oriflame, siendo su único ingreso”.

El excongresista Bienvenido Ramírez así como el exasesor de Kenji apelaron también para no pagar S/50.000 y S/30.000, respectivamente. El primero alegó que su sueldo de médico en Tumbes (más de cinco mil soles) no era suficiente; y el último, que se encontraba mal de salud tras haberse recuperado del COVID-19.

El tribunal supremo, al concluir la sesión, anunció que en los próximos días informará de su veredicto.

Limitaciones

En marzo de 2021, el juez Hugo Núñez rechazó los pedidos de Kenji, Ramírez y Toledo para reemplazar los pagos de caución por inmuebles, pues a todos los declaró solventes.

Asimismo, se les impusieron restricciones que debían cumplir, incluyendo el pago de miles de soles al Estado.

Una de las razones porque el magistrado decidió rechazar el pedido de Kenji fue que el inmueble ofreciado ubicado en San Borja no es de su propiedad, sino de un tercero. En el caso de Toledo y Ramírez, que sus profesiones daban la rentabilidad suficiente para seguir con el pago.

Los tres están acusados por la Fiscalía Suprema y están a la espera de un juicio oral donde podrían enfrentar penas de entre 11 y 12 años de cárcel por los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico.

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