Era la decisión más difícil, pero la única posible. La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, apartó a las fiscales provinciales Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo del Equipo Especial Cuellos Blancos del Puerto, luego de conocerse que el 2018 se reunieron con el presidente de la República, Martín Vizcarra.
La decisión fue difícil, pues fueron Sánchez y Castro las que descubrieron la mencionada red de corrupción judicial, a partir de investigar a una organización del narcotráfico en el Callao.
Pero en los últimos meses esa cercanía se había vuelto tóxica para ellas y, lo que es peor, para la institución y el avance de las investigaciones. Ávalos y el ex fiscal de la Nación y fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde buscaron reconciliarlas durante los últimos meses.
Pero eso no fue posible y se complicó más en las últimas horas. Todo comenzó cuando el domingo trascendió a la prensa que la fiscal provincial Roxana Jáuregui denunció supuestas irregularidades en el trámite de la colaboración del empresario Antonio Camayo, que llevaba adelante la fiscal Rocío Sánchez.
Fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez quedan fuera
El lunes Ricardo Uceda escribió para su columna que se publicó al día siguiente en La República que la fiscal Rocío Sánchez le había propuesto a Sandra Castro reunirse con el presidente Martin Vizcarra y que le había advertido de un audio del ron Zacapa y Antonio Camayo.
Enterada de esa inminente publicación, Sandra Castro se adelantó y en una entrevista en Radio Programas informó que era momento que se sepa la verdad y afirmó que su entonces jefa, Rocío Sánchez, le solicitó buscar una reunión con el presidente Vizcarra.
El hoy candidato al Congreso confirmó la reunión en la casa de una tercera persona, a pedido de una vecina y que las fiscales le pidieron protección y apoyo para las investigaciones.
Hasta el momento no hay indicios para suponer que Sánchez y Castro le ofrecieran algo ilegal o irregular a Vizcarra o que el entonces presidente les pidiera algo. La honorabilidad de ambas fiscales es reconocida dentro y fuera del Ministerio Público.
Orden. La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, busca poner autoridad en el Ministerio Público. Foto: difusión
Sin embargo, la forma en que se reveló ese hecho da pie a una serie de especulaciones, que de no aclararse sí podrían afectar las investigaciones. En principio, las versiones sobre las circunstancias de la reunión no coinciden.
En la versión difundida por Uceda y la fiscal Rocío Sánchez, la reunión fue promovida por Castro y se realizó en marzo del 2018, días después de que Vizcarra asumiera la presidencia, en el departamento de una tercera persona.
Por su parte, Sandra Castro dice que la reunión fue en julio, en el departamento de Vizcarra, a pedido de Rocío Sánchez, ante la incertidumbre y el miedo que le generaba la elección de Pedro Gonzalo Chávarry como fiscal de la Nación.
Ahora, algunas fechas apuntalan la versión de Sandra Castro antes que la de Rocío Sánchez. En marzo la investigación todavía era reservada y ni siquiera se había filtrado a los investigados.
El diálogo telefónico en que el expresidente de la Corte Superior del Callao Walter Ríos dice que Antonio Camayo “chupa” ron Zacapa con Vizcarra es del 23 de marzo, a las 2:23 horas de la tarde, el mismo día de la juramentación a la presidencia, que es lo que motiva el comentario.
Esa información no llega de inmediato a la fiscalía y recién se conoció en público en agosto del 2018, por lo que es de suponer que inmediatamente no llamó la atención, pues beber ron con una persona no es delito.
¿Qué podía causar temor a ambas fiscales en marzo? En el expediente, audios y los hechos conocidos no hay ningún indicio, pues las investigaciones siguieron con normalidad hasta, al menos, junio del 2018.
De acuerdo con los audios, recién entre fines de abril y los primeros días de mayo, la red de los “Cuellos Blancos del Puerto” se entera, supuestamente a través del fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, de que sus llamadas telefónicas están siendo escuchadas.
Continuidad. Los casos no serán seriamente afectados, señala el fiscal supremo Pablo Sánchez. Foto: difusión
En mayo, de acuerdo con los audios, Walter Ríos y los otros involucrados empiezan a realizar control de daños y buscan desvirtuar las investigaciones y mover a los policías. Eso sí puede causar temor.
Las llamadas de César Hinostroza a favor de la elección de Chávarry y la famosa reunión con periodistas en la casa de Antonio Camayo se producen en el mes de mayo.
El 7 de junio del 2018, la Junta de Fiscales Supremos elige a Chávarry como fiscal de la Nación y este asume como tal el 20 de julio del 2018. La primera semana de julio del 2018, IDL Reporteros empieza a difundir los CNM audios.
Es en ese contexto de la difusión de los primeros audios, de acuerdo con Sandra Castro, que se produce la reunión con Vizcarra. Esto sí tiene sentido. No existe ningún registro de que las investigaciones a los “Cuellos Blancos del Puerto” estuvieran en peligro desde marzo.
Otro detalle. Sánchez, Castro y Vizcarra coinciden en que en esa reunión solo se habló de medidas de seguridad y apoyo para las investigaciones. Solo que Sánchez agrega que ella se retiró inmediatamente y deja entrever que Castro pudo haberle dado otra información a Vizcarra.
Fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez quedan fuera
¿Qué información trascendente pudo darle? Rocío Sánchez no lo ha dicho ni siquiera como supuesto y en los expedientes no aparece.
De lo que se conoce hasta hoy, no hay ninguna información que comprometa a Vizcarra con esta red de corrupción judicial.
El otro aspecto a tener en cuenta, al analizar este lío, es que esta es una investigación que se basa en audios de escuchas telefónicas.
Nadie ha denunciado ni insinuado la desaparición de un audio que comprometa a alguien y, dos años después, hay muchas copias de ese material en muchas manos.
Es cierto que Antonio Camayo podría declarar que mientras tomaban el ron Zacapa, él y Vizcarra planificaban cometer algún delito, pero hasta hoy no lo ha declarado y, entonces, Castro tampoco pudo darle esa información el 2018.
Luego, si Rocío Sánchez sospechaba de un favorecimiento a Vizcarra, por qué no lo denunció antes y, sobre todo, cuáles son los hechos que se trata de ocultar. Además, luego de que la investigación se traslada a Lima, Castro queda de lado por casi un año y Sánchez pudo investigar sin que su colega se entere.
Sandra Castro recién regresa a las investigaciones como coordinadora en el nivel provincial recién en septiembre del 2020. Durante todo este tiempo, Antonio Camayo ha sido interrogado varias veces y pudo revelar varias veces los delitos que supuestamente habría planificado o cometido mientras tomaba el ron Zacapa.
Pero más allá de cómo, cuándo, dónde y para qué las fiscales se reunieron con Vizcarra, el punto es que no lo debieron hacer. Puede que se trate de un momento de angustia y desesperación, pero esa no era la salida pues afecta la apariencia de independencia.
Por eso, la fiscal de la Nación tiene que apartarlas de la investigación. Además, al hacerse evidente que ya no era posible conciliarlas y que mantener la rivalidad puede afectar la investigación a futuro.
Más allá de la decisión de la doctora Ávalos, la Fiscalía de Control Interno tendrá que investigar a Sandra Castro y Rocío Sánchez para establecer responsabilidades personales y funcionales.
Adicionalmente, la fiscal de la Nación deberá elegir a dos nuevos fiscales provinciales que continúen y repotencien este trabajo. Un trabajo que hoy se realiza en varios niveles.
Hay investigaciones en el despacho de la doctora Ávalos, otros con Pablo Sánchez, con el fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón y con el fiscal superior Víctor Tullume Pisfil, por lo que la salida de Castro y Sánchez no debería afectar.
Respaldo. Martín Vizcarra dice que solo pidieron seguridad. Foto: difusión
La fiscal Rocío Sánchez afirmó que Sandra Castro ayudó al Ministerio Público a mejorar su presupuesto, tras la salida de Pedro Gonzalo Chávarry de la Fiscalía de la Nación. La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, niega esa posibilidad.
Ávalos señala que tras la salida de Chávarry su despacho solicitó una ampliación de presupuesto por 300 millones de soles, pero que el gobierno de Martín Vizcarra apenas le dio 24 millones, y ante la protesta pública se aumentó a 32 millones, que apenas supone un 15% de lo solicitado. “De qué ayuda estamos hablando. Esa declaración de Rocío Sánchez es falsa y temeraria. Si algo falta en el Ministerio Público es presupuesto, cuando el 76% es pago de planillas”, explica la doctora Ávalos.
La fiscal de la Nación también negó que exista una demora en las investigaciones sobre el caso de las vacunas. Señaló que se está recogiendo información pública que permita interrogar a Martín Vizcarra y los otros ministros y funcionarios involucrados.
Reorganización. El fiscal superior coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado Jorge Chávez Cotrina pidió reorganizar las fiscalías de este sistema en el Callao. Al ser separadas del Equipo Especial de los Cuellos Blancos, Rocío Sánchez y Sandra Castro debían regresar a esas fiscalías. Ahora, deberán buscarles otra nueva ubicación.
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