Aprobado. Luego de postergar la votación debido al Pleno del Congreso, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió aprobar este lunes 8 de febrero el informe que denuncia al congresista Edgar Alarcón de Unión por el Perú (UPP) por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito.
Con 11 votos a favor, 3 en contra y una abstención, el grupo de trabajo que preside Carlos Pérez (Acción Popular) aprobó el informe de la congresista de Descentralización Democrática (DD) Felícita Tocto, quien se encargó del caso desde noviembre pasado.
Los tres congresistas que votaron en contra de aprobar el informe fueron Martha Chávez (no agrupada), Carlos Mesía (Fuerza Popular) y Carlos Almerí (Podemos Perú), mientras que Fernando Meléndez de Alianza para el Progreso (APP) se abstuvo.
Alarcón es acuso por haber cometido el presunto delito de enriquecimiento ilícito agravado. Foto: Carlos Contreras/La República
Ahora, este informe deberá ser llevado a la Comisión Permanente para posteriormente ir después al Pleno del Congreso y así la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, pueda formalizar la investigación preparatoria contra Alarcón.
El pasado jueves, los miembros de la Subcomisión, a excepción de Felicita Tocto y Gino Costa, del Partido Morado, decidieron postergar la votación del informe final sobre Edgar Alarcón por enriquecimiento ilícito cuando fue titular de la Contraloría.
En conversación con La República, el congresista y miembro de este grupo de trabajo, José Luis Ancalle, consideró que “hubo otras circunstancias e indisposiciones” que hicieron que la investigación contra Edgar Alarcón se dilate, pero que todo estará “enmarcado dentro de la ley”.
“Él tiene una oportunidad para hacer sus descargos (…). Todo está enmarcado dentro de las motivaciones legales, acusaciones y medios probatorios. Es de acuerdo a eso que nosotros estamos votando. Hemos visto que hasta el momento todo ha sido así”, declaró a este diario.
Cabe mencionar que a Alarcón se le investiga por un presunto desbalance patrimonial a raíz de encontrarse gastos que ascienden a S/ 201.337,24, entre el 9 de junio del 2016 y el 4 de julio del 2017, cuando se desempeñó como contralor general de la República.
En su persona, además, recaen otras cuatro denuncias por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, como colusión, peculado doloso, negociación incompatible y lavado de activos.
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