La parlamentaria Felícita Tocto, de Descentralización Democrática, sustentó este jueves el informe final de la denuncia constitucional contra Edgar Alarcón por la comisión del presunto delito de enriquecimiento ilícito cuando era contralor general de la República.
Durante la ponencia, Tocto Guerrero indicó que los informes periciales que precisan la situación económica y el presunto enriquecimiento ilícito del congresista de Unión por el Perú fueron acreditados, por lo que sí existe un desbalance patrimonial de S/ 201.337, 24.
Precisó, además, que el investigado no logró aclarar el origen de sus bienes contables. “En cuanto al saldo inicial, hemos visto que pericialmente responde a un saldo de origen desconocido, el mismo que aún no ha sido justificado ni probado documentariamente hablando y de manera formal”, señaló Tocto.
Al terminar la exposición, la congresista encargada del caso recomendó iniciar el proceso de antejuicio político contra el excontralor. El informe debía ser debatido y votado en esta sesión, sin embargo, se decidió suspender la sesión hasta el lunes 8 de febrero.
El informe final de la congresista de Democracia Directa Felícita Tocto concluyó que el parlamentario Edgar Alarcón, de Unión por el Perú, sea acusado por el delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento ilícito.
El documento de 151 páginas recomienda acusar por antejuicio político a Alarcón “en su condición de excontralor general de la República” luego de las denuncias hechas por la titular del Ministerio Público, Zoraida Ávalos, en julio de 2020.
En su presentación ante la subcomisión este jueves, Tocto sustentará su reporte para ser debatido y puesto a votación. Si es aprobado, se remitirá a la Comisión Permanente, la cual deberá convocar a sesión para determinar si se aprueba y, por tanto, formular la denuncia mediante una Subcomisión Acusadora ante pleno del Congreso.
A Alarcón se le investiga por un presunto desbalance patrimonial negativo a raíz de gastos que ascienden a S/ 201.337,24, entre el 9 de junio del 2016 y el 4 de julio del 2017, cuando se desempeñó como gerente central de Operaciones, Auditoría y vicecontralor. Según el código penal, de encontrarse culpable, afrontaría una condena de hasta 15 años de cárcel.
Contra el también presidente de la Comisión de Fiscalización recaen más de cuatro denuncias por diversos delitos que habría cometido cuando era contralor general. Entre las acusaciones, se encuentran hechos de colusión, peculado doloso, negociación incompatible y lavado de activos.
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