“Todos, en algún momento, podríamos ser objeto de denuncias. Por ejemplo, se hizo público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público. ¿Tendrían también que dejar sus cargos por ello, sin que la investigación fiscal haya sido concluida?”, dijo Martín Vizcarra el lunes último en el Congreso, horas antes de ser vacado.
El portal periodístico El Foco publicó la lista a la que aludió Vizcarra. Los diez congresistas de Puno, Cusco y Tacna que apoyaron la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente tuvieron o tienen procesos penales en su contra.
Según el sociólogo Carlos Flores, los antecedentes de los legisladores prueban que no estuvieron a la altura de votar por la destitución del expresidente. “Estos señores y otros no están a la altura de la determinación que adoptaron. La vacancia por incapacidad moral permanente tiene que normarse”, dijo.
Los legisladores cusqueños Alexander Hidalgo, de Alianza para el Progreso (APP), Rubén Pantoja Calvo, de Unión por el Perú (UPP), y Juan de Dios Huamán del Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap) avalaron el golpe congresal.
Hidalgo es investigado por presunto delito de colusión. En enero pasado, en plena campaña electoral, la exprocuradora anticorrupción, Dora Monzón, publicó la lista de postulantes procesados por corrupción. Uno de ellos era Hidalgo. Buscamos su versión, pero nos respondió, que estaba ocupado.
Pantoja Calvo está implicado, según el registro del Ministerio Público, consultado el 11 de noviembre último, en los presuntos delitos de peculado de uso y colusión con defraudación patrimonial al Estado. Ambos casos están en etapa de investigación preliminar. Tampoco obtuvimos respuesta de Pantoja.
Huamán fue procesado por el delito de peligro común en la modalidad de imprudencia en la conducción de vehículo en 2014. “Luego de haber vacado al presidente creo que están buscando por todo sitio (las denuncias). Este caso está archivado a mi favor. Fue un pequeño disgusto con la policía”, dijo.
Los cinco congresistas de Puno votaron por la vacancia de Vizcarra, porque el exmandatario no tenía moral para seguir en el cargo por las denuncias de corrupción en su contra. Sin embargo, dos de ellos registran denuncias penales: Orlando Arapa del Frente Amplio, y Rubén Ramos Zapana, de UPP.
Ramos registró cuatro denuncias por contrabando y tráfico de productos nocivos. Todas con archivo preventivo; podrían reabrirse en la medida que existan nuevas pruebas. En tanto, Arapa fue denunciado por maltrato físico y psicológico. Son tres causas que están archivadas. Este aseguró que son de 2011 y no deslegitima su honestidad como político.
Los parlamentarios tacneños Héctor Maquera Chávez (UPP) y Raúl Machaca Mamani (Frepap) tuvieron o tienen denuncias penales en el Ministerio Público. Los dos votaron por la vacancia.Maquera cumplió en el pasado una condena de 9 años por su participación en el andahuaylazo. Ahora figura con un proceso por omisión a la asistencia familiar en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo, de septiembre del 2018. Maquera contestó que ese caso fue archivado a su favor. “Denuncias se pueden hacer muchas, eso no significa que sea culpable”.
Machaca es señalado en esa lista con dos procesos en la Fiscalía Provincial de Materia Ambiental en Puno. Ambos datan de octubre del 2018, por presunta contaminación del ambiente y minería ilegal. Desde el despacho del parlamentario se informó que se trata de procesos de personas homónimas al congresista. Sin embargo, cuando se pidió la versión de Machaca sobre las acciones que había tomado frente a la presunta homonimia, no hubo respuesta.
El congresista del Frepap, Raúl Machaca, es señalado en dos procesos en la Fiscalía Provincial de Materia Ambiental en Puno. Ambos datan de octubre del 2018, por presunta contaminación del ambiente y minería ilegal. Desde su despacho se informó que se trata de procesos de personas homónimas.
En la lista de investigados también está el acciopopulista de Cusco, Jorge Vásquez, quien votó en contra de la destitución. Becerra afronta una investigación preparatoria por negociación incompatible. Vásquez dijo que no hay ninguna investigación vigente en su contra.