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Política

Pleno del Congreso suspende votación sobre impedimentos para postular a elecciones

Presidente del Parlamento, Manuel Merino, aplazó la ratificación de reforma que prohíbe a condenados en primera instancia participar como candidatos en comicios electorales. Bancadas Podemos Perú y Unión Por el Perú anunciaron que no apoyarían la norma.

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La reforma que impide a condenados a postular podrá ser efectiva para elecciones 2021. Composición: Fabrizio Oviedo/La República.

El Pleno del Congreso de la República no se puso de acuerdo y suspendió la segunda votación de la reforma que prohíbe a los sentenciados en primera instancia por delito doloso postular a cargos de elección popular y puestos de confianza en el sector público.

Debido a ello, aún no se ratifica la autógrafa de ley que modifica los artículos 34 y 39 de la Constitución Política del Perú sobre los requisitos para participar en contiendas electorales, que había sido aprobada en la legislatura pasada.

Dicha norma establece que tampoco podrán participar en contiendas electorales los que recibieron una pena en calidad de autores o cómplices. Asimismo, alcanza a los cargos públicos como del presidente, vicepresidentes, congresistas, Parlamento Andino, entre otros.

La autógrafa buscaba ser confirmada en segunda legislatura de manera consecutiva, luego que haya sido aprobada por 111 congresistas en la sesión del 5 de julio, último día del periodo anterior.

Bloqueo a reforma sobre impedimentos para postular

A las 7.40 de la noche, Omar Chehade dio sustento a la norma aprobada en la primera legislatura, resaltando que no se puede hacer modificaciones y que esta debe ser aprobada para que pueda modificarse en la Carta Magna.

Ni bien culminó el representante de Acción Popular su intervención, la fujimorista Martha Chávez planteó cuestión previa para que no se debata el tema sino que se priorice la reforma sobre la eliminación de la inmunidad parlamentaria, presidencial y de altos funcionarios.

Tras este hecho, Daniel Urresti, vocero de Podemos Perú, también apoyó la posición de Martha Chávez cuestionando que el tema se haya puesto en agenda y negando que la haya establecido la Junta de Portavoces. Señaló que quienes apoyan esta reforma lo hacen por orden de Palacio, pese a que él también lo hizo en la sesión plenaria pasada.

De esta manera, Podemos Perú y Unión Por el Perú mostraron su oposición y un cambio en el sentido de su voto. Tras varias horas de debate, Manuel Merino suspendió la sesión hasta “una próxima oportunidad”, luego que se mostrara que no se alcanza el respaldo necesario para aprobar la reforma.

Si esta obtiene más de 87 votos en el Pleno, será promulgada por el presidente de la República, Martín Vizcarra, y podrá ejecutarse para las próximas elecciones generales convocadas para el 11 de abril de 2021, fecha en la que se elegirá a las nuevas autoridades.

Pleno del Congreso sesiona desde Trujillo, obligando a parlamentarios y trabajadores a trasladarse a esta región. Foto: La República..

Si la norma llega a aprobarse, se establecerían los siguientes cambios en la Carta Magna.

Artículo 34-A.- Están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso.

Artículo 39-A: Están impedidas de ejercer la función pública, mediante designación en cargos de confianza, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso.

Esta propuesta es parte de la reforma política iniciada e impulsada por el presidente Martín Vizcarra en el 2018, y es la primera que el actual Congreso aprobó en dos legislaturas consecutivas.

Norma se aprobó en primera instancia con presión de bancadas

La norma se aprobó en primera instancia el pasado 5 de julio, último día de plazo para respaldarla, luego de la presión de las bancadas para que Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución, modifique el texto sustitutorio.

Anteriormente, el dictamen del grupo de trabajo planteaba el impedimento para los sentenciados a primera instancia por delitos con penas privativas mayores de 4 años, los considerados graves. No obstante, esta propuesta dejaba la posibilidad de que condenados por corrupción también puedan postular.

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