Fiscalía pide acusar a Héctor Becerril por 3 delitos de corrupción

El despacho de la Fiscalía de la Nación no ha descansado durante la emergencia nacional. Durante estos más de 100 días de cuarentena y aislamiento social ha desarrollado diversas investigaciones contra integrantes del Congreso y altas autoridades públicas.

Ahora que se empiezan a normalizar las actividades, ha empezado a presentar las denuncias al Parlamento para que puedan seguir su trámite ante el Poder Judicial.

Ayer, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, envió al Legislativo dos acusaciones constitucionales contra el excongresista de Fuerza Popular Héctor Becerril por los delitos de tráfico de influencias, cohecho (soborno) y organización criminal.

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En los días anteriores, la titular del Ministerio Público también presentó denuncias contra el parlamentario Edgar Alarcón, el excongresista Jorge Castro Bravo, el fiscal supremo Tomás Gálvez, el exjuez supremo César Hinostroza y los exintegrantes del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) Orlando Velásquez y Julio Gutiérrez.

Caso Aucallama

De las denuncias contra Becerril, la primera está referida a un presunto tráfico de influencias agravado en la Municipalidad de Aucallama, en Huaral.

De acuerdo con las indagaciones, en los días posteriores al 16 de noviembre del 2016, Becerril se reunió en la fuente de soda Rauletti, ubicada al frente de la Municipalidad de Los Olivos, con el alcalde de Aucallama, Pedro Félix Salguero Dulanto.

En este encuentro, Becerril le ofreció al burgomaestre interceder en la gestión de recursos para el proyecto de obra Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales en el centro poblado Palpa, ubicado en su distrito.

A cambio de esa “ayuda”, solicitó la cancelación de S/ 284,566,00 que la Municipalidad de Aucayama adeudaba a la empresa Red Medical Dental & Business EIRL, en la cual su hermano, Segundo Wilfredo Becerril Rodríguez, se desempeñaba como gerente.

‘Temerarios del Crimen’

La segunda denuncia está referida a los vínculos del exparlamentario de Fuerza Popular con la organización criminal “Los Temerarios del Crimen” o “Los Corchines de la Corrupción”, que estaría liderada por el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel.

En este segundo caso, se atribuye a Becerril haber invocado influencias y solicitado el pago de un soborno para gestionar el presupuesto y la adjudicación de cuatro procesos de obras públicas a cargo de la Municipalidad de Chiclayo.

En estas acciones habrían intervenido sus hermanos Antonio y Wilfredo Becerril. A cambio de favorecer a la empresa Casco Construcciones, Héctor Becerril solicitó y obtuvo la compra de porcelanatos para ser utilizados en uno de sus inmuebles, por 74,140.67 soles, de acuerdo con las respectivas facturas y guías.

Integró una organización criminal

La Fiscalía sostiene que los actos desplegados por Héctor Becerril los realizó en su condición de “brazo político” de la organización criminal encabezada por David Cornejo.

Señala que Becerril fue “hombre clave” o “sujeto indispensable” para que la organización lograra sus objetivos: dirigir los contratos de obras públicas a determinadas empresas a cambio de “diezmos económicos” del 10 % del valor de la obra.

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