En menos de un mes, el 12 de julio próximo, concluye el periodo de designación del fiscal supremo titular Luis Carlos Arce Córdova en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que la Junta de Fiscales Supremos (JFS) deberá decidir si lo ratifica por otros cuatro años o designa a su reemplazo.
Luego, en noviembre concluye el mandato del actual presidente del JNE, el juez supremo Víctor Ticona Postigo, y la Corte Suprema deberá elegir a un nuevo titular del ente electoral, que llevará adelante los comicios presidenciales y para el Congreso del 2021.
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De estos eventos, la ratificación o reemplazo de Arce Córdova va a generar complicaciones y rencillas en la JFS, el máximo organismo de gobierno y de gestión del Ministerio Público.
La JFS está integrada por la fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, y los fiscales supremos Pablo Sánchez, Pedro Gonzalo Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Raúl Rodríguez. Allí está un problema recurrente en esta elección.
Generalmente, nadie quiere ir a desempeñar una función administrativa en el JNE. Pero esto se agravó en los últimos años, luego de que dos fiscales contra el crimen organizado del Callao pusieron al descubierto la red de corrupción judicial de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’.
Una investigación que salpicó y puso en duda el desempeño, interés personal e imagen de pulcritud, idoneidad e independencia de Chávarry, Gálvez y Rodríguez Monteza. Se sospecha que ellos formaron parte de esa red corrupta o buscaron protegerla, incluso en un pacto político con el partido Fuerza Popular y Keiko Fujimori.
En tanto, contra Arce Córdova se ha reactivado una vieja investigación por enriquecimiento ilícito en el desempeño de sus funciones, de la época en que era juez en la Corte Superior de Ucayali y la Sala Penal Nacional.
Nadie quiere que un personaje cuestionado o vinculado a una red de corrupción forme parte del ente electoral. Además hoy, Chávarry, Gálvez y Rodríguez hacen mayoría contra la fiscal de la Nación y Pablo Sánchez.
Por ejemplo, estos tres fiscales supremos podrían decidir que Sánchez sea el nuevo represente del Ministerio Público en el JNE, con lo cual es harto probable que luego sumen a Arce Córdova y podrán arrinconar o neutralizar cualquier decisión de Ávalos.
Pedro Gonzalo Chávarry y Tomás Gálvez están enfrentados a los fiscales del Equipo Especial Lava Jato, que encabezan Rafael Vela y José Domingo Pérez. Y también, por obvias razones, a los fiscales del caso Cuellos Blancos del Puerto, entre los que está Pablo Sánchez.
Así, con un solo movimiento pueden neutralizar al fiscal supremo que los investiga, poner en jaque a la fiscal de la Nación o posicionarse en el JNE. En todas las posiciones podrían ganar, si no se hace nada en los siguientes días.
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Solo el Congreso de la República o la Junta Nacional de Justicia (JNJ) puede paralizar sus actividades hasta que todo se aclare y se defina su situación jurídica. Pero las denuncias contra ellos ante el Parlamento están paralizadas desde su disolución anterior y las investigaciones en la JNJ están en suspenso por la emergencia sanitaria.
El tiempo parece acabarse a su favor, pues cualquier decisión debe cumplir con el debido proceso, darles oportunidad de defensa, lo que puede demorar varias semanas. El tiempo pasa y los favorece. Las alianzas se renuevan o solidifican.
La congresista del partido Morado Carolina Lizárraga Houghton ha pedido a la Junta Nacional de Justicia que priorice y avance con los procesos disciplinarios contra Pedro Gonzalo Chávarry, Tomás Gálvez y jueces de la Corte Suprema.
Señala que a cuatro meses de la instalación de dicha entidad, en reemplazo del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), nada se sabe de lo que viene realizando para limpiar la administración de justicia, pues los involucrados en la red de corrupción aprovechan cualquier demora para fortalecerse y controlar el sistema de justicia y podrían afectar los casos Lava Jato y Cuellos Blancos del Puerto.
El fiscal supremo Pedro Gonzalo Chávarry fue acusado de reunirse con Keiko Fujimori para frustrar la investigación del Equipo Especial de fiscales Lava Jato por lavado de activos contra Fuerza Popular por los aportes de procedencia desconocida que habría recibido de Odebrecht.
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