El proceso de extradición de Alejandro Toledo Manrique comenzará a definirse el próximo viernes 4 de setiembre, en una audiencia programada para ese día por el juez estadounidense Thomas Hixson.
De acuerdo a Perú21, el magistrado de California estableció esa fecha para evaluar los argumentos de las partes, tras una diligencia breve vía telefónica el último viernes.
PUEDES VER Toledo y los otros políticos investigados en el caso Lava Jato que fueron durante el coronavirus
El 4 de setiembre, los actuados deberán acomodarse al siguiente patrón, según el citado medio: la Fiscalía de los Estados Unidos y la defensa del exmandatario, expondrán sus alegatos por escrito, y luego el juez los ponderará.
Para antes de esta fecha, sin embargo, el juez Hixson determinó otras actuaciones, El 25 de junio próximo, por ejemplo, la defensa de Alejandro Toledo tendrá que presentar sus argumentos contra la extradición que reclama el Perú.
Posteriormente, el 16 de julio, la representante de la Fiscalía de los Estados Unidos, Elise LaPunzina, entregará su respuesta al juezgado. Solo entonces, el 25 de julio, la defensa del expresidente Toledo presentará su réplica.
Lo que se prevé es que el 4 de setiembre se confronten los elementos probatorios que sindican al expresidente Toledo como el beneficiario de una millonaria coima, superior a los 30 millones de dólares, entregada por la constructora brasileña Odebrecht, en el marco de la licitación de la carretera Interoceánica.
En marzo pasado, Alejandro Toledo logró ser excarcelado luego de alegar ante la Justicia estadounidense que, ante la pandemia global de coronavirus, su vida corría peligro.
La estrategia legal del exmandatario —replicada luego aquí en el Perú por otros políticos investigados también en el caso Lavo Jato—, fue alegar que pertenecía a la población vulnerable ante esta enfermedad ya sea por la edad como por la presencia de enfermedades preexistentes.
La Fiscalía de los Estados Unidos no pudo contrarrestar, por otro lado, el argumento del expresidente sobre la garantía de no ser víctima de un contagio en el centro penitenciario que lo asilaba.
Debido a estas condiciones, la Justicia de los Estados Unidos resolvió, finalmente, enviar al expresidente a cumplir una orden de arresto domiciliario con vigilancia tecnológica, solo luego del pago de fianza ascendente a 1 millón de dólares.
En el Perú, Alejandro Toledo es requerido por la Justicia desde el año 2017. Antes de que este fugara a los Estados Unidos, el Poder Judicial había dictado en su contra una orden de prisión preventiva.