Frepap propone inhabilitar a funcionarios que incurran en irregularidades durante emergencia

La bancada de Frepap, representada por su vocera, María Céspedes, presentó un proyecto de ley que plantea la inhabilitación permanente a los funcionarios públicos que sean encontrados responsables en irregularidades durante el estado de emergencia que atraviesa el Perú por la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).

En el mencionado documento, cuyo número es 5075/2020-CR, el grupo parlamentario propone permitir que la Contraloría General de la República sancione a fin de resguardar los recursos y bienes del Estado.

“La presente ley habilita a la Contraloría en forma complementaria al control concurrente para que pueda intervenir exclusivamente en el estado de emergencia sancionando directamente aquel funcionario y servidor público que se aproveche de la coyuntura internacional, así como de las normas aplicables durante el estado de emergencia que exoneran los procesos de contratación previstos y de la escasez internacional de productos necesarios para combatir la pandemia”, se lee en la exposición de motivos del proyecto.

El artículo 3 de esta propuesta indica que las conductas catalogadas como “infractoras” serían: cometer actos que persiguen un fin no permitido en leyes, reglamentos que se apliquen durante la emergencia; incumplir con el marco legal de las entidades para el ejercicio de sus funciones; obtener un beneficio personal o de terceros al omitir designaciones; y transgredir principios, deberes y prohibiciones reguladas en las normas de ética.

“Estas conductas totalmente reprochables dentro de un estado de emergencia tienen que ser sujetas a control y sanción, para dejar un precedente a todos los funcionarios públicos y así fortalecer la lucha contra la corrupción al sancionar a malos funcionarios”, continuaron.

Sobre esto último, Frepap calificó de “inaceptables” las denuncias que se han difundido por distintos medios de comunicación sobre presuntas compras de mascarillas, ventiladores y alimentos con precios sobrevalorados.

“Nos debe llevar a una reflexión para tomar medidas urgentes frente a estos posibles actos de corrupción”, agregó la bancada parlamentaria.