La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSNJPE) advirtió a los funcionarios públicos sobre las penas de cárcel si cometen delitos vinculados con el dinero para la compra de víveres, destinados a la población más vulnerable durante la emergencia por el coronavirus (COVID-19).
A través de un pronunciamiento, elaborado con la colaboración de la jueza anticorrupción Nayko Coronado Salazar, el órgano jurisdiccional señaló que la apropiación para sí o para otros de fondos públicos (dinero o víveres) destinados a fines asistenciales, constituye el delito de peculado agravado.
Asimismo, que la concertación con el proveedor de los víveres para generar beneficios indebidos, sea con la sobrevaloración de costos o adquisición de mala calidad o de características inferiores a las ofrecidas, configura colusión.
De igual modo, precisa que el uso del dinero entregado para la compra de víveres, pero que es utilizado en otros gastos o pagos municipales diferentes al fin por el cual fue entregado, es delito de malversación.
También señala que el interés indebido para que el proveedor sea una empresa vinculada a familiares, allegados o una persona determinada, beneficiándola con el contrato, califica como negociación incompatible.
Añade que si en el contexto de estos supuestos se descubren firmas falsificadas, hay consignación de información falsa en los documentos públicos o se crean destinatarios o proveedores fantasmas, cometen delitos contra la fe pública (falsedad material, ideológica y genérica, respectivamente).
De presentarse los anteriores escenarios, la situación jurídica del funcionario o servidor público se agrava, advierte la CSNJPE, que preside la jueza Inés Villa Bonilla.
Finalmente, refiere que si en esas acciones ilícitas participan colaboradores o terceros, estos serán cómplices de tales delitos, con sanciones similares a los autores.