“Es una norma inorportuna e inconstitucional”, indicó a La República la exministra de Justicia Ana Revilla acerca de la ley de “protección policial” aprobada por el Congreso de la República el último sábado.
El proyecto que fue el legado del disuelto Parlamento anterior dirigido por Pedro Olaechea especificó también la defensa legal gratuita de agentes de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas que provoquen lesión o muerte en el uso reglamentario de sus respuestas y armas.
En este contexto, también se prohíbió que se les dicte prisión preventiva a los agentes que se encuentren bajo investigación. Al respecto, Revilla comentó que “el fondo tuvo que ver con las detenciones preventivas, pero ello no se para con normas de esa naturaleza”.
La exfuncionaria precisó también que para debatir el tema “lo que se tiene que hacer es una toma de conciencia con las autoridades jurisdiccionales para que no usen la prisión preventiva como un instrumento permanente”.
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Sobre este punto, la exministra de Justicia tambié resaltó que “lo más apropiado es que el actual Congreso derogue la norma porque ya existía un decreto legislativo sobre el régimen policial” sobre el uso de la fuerza y la proporción en que deben actuar. “Fue una reacción del Legislativo de entonces ante el hecho del caso del policía Elvis Miranda”, destacó.
“Nadie está en contra de la labor de los policías y militares, pero no se puede dar una norma que quiebra los derechos donde sí se aplique para unos casos y no para otros”, finalizó Revilla.
El miércoles de esta semana, las congresistas del Frente Amplio Mirtha Vásquez y Rocío Silva Santisteban presentaron un proyecto de ley “para derogar los artículos inconstitucionales de la “Ley del gatillo fácil”, una norma que podría favorecer la impunidad policial y que atenta contra la independencia judicial”.
Recientemente, el Ejecutivo tambié se pronunció sobre el asunto: "Entre julio y agosto del año pasado, nuestro Ministerio de Justicia dio una opinión negativa sometida a cuatro argumentos. Primero, que había un marco legal preexistente, el Decreto Legislativo 1186, que consideramos suficiente. En segundo lugar, porque se desnaturalizaba un principio rector del derecho penal, que es el de la proporcionalidad”, señaló Vicente Zeballos durante una conferencia de prensa para actualizar la situación del coronavirus.