El colaborador eficaz peruano-israelí Josef Maiman Rapaport continuará brindado información y documentos relevantes a la Fiscalía en el caso por lavado de activos contra Alejandro Toledo.
La legalidad del último testimonio brindado por Maiman el 22 de enero en una audiencia desde Tel Aviv queda, en este sentido, asegurada para una eventual apertura de juicio contra los implicados en el caso Odebrecht.
En esta ocasión fue la Primera Sala de Apelaciones contra el Crimen Organizado la que confirmó la validez de la declaración del colaborador eficaz, mediante una resolución del último 3 de marzo.
d
A su vez, el documento rechaza la pretensión de Toledo para excluir lo dicho por Maiman ante el juez Richard Concepción Carhuancho ante las preguntas del fiscal José Domingo Pérez, quien conduce el caso en investigación preparatoria.
“No se ha evidenciado una afectación del derecho de defensa, toda vez que se llevó a cabo la audiencia de prueba anticipada con la asistencia de los sujetos procesales, entre los que se encontraba la defensa ahora recurrente, quien inclusive realizó el contrainterrogatorio”, reza la decisión del tribunal.
Por otra parte, la Sala integrada por los jueces superiores Rómulo Carcausto, Sonia Torre y Edita Condori, advierte que no hubo ninguna irregularidad al momento de convocar la audiencia para asegurar lo dicho por Josef Maiman en enero pasado.
“Toledo me presenta a Barata en el hotel, donde Barata me dice que puedo reunirme con Marcelo [Odebrecht]. Todo sucede en el Marriott. Fue una buena reunión porque despertamos el interés de Marcelo [...] la reunión consistió en la presentación de mi empresa porque queríamos cooperar con Odebrecht en proyectos de otros países”, dijo en enero el delator de Alejandro Toledo.
Alejandro Toledo: confirman legalidad del testimonio de Josef Maiman
En el desarrollo de aquella sesión, además, Maiman Rapaport sostuvo que Odebrecht le entregó US$31 millones y otros US$4 millones fueron sobornos de Camargo y Correa para Toledo.
Ambas empresas brasileñas estuvieron interesadas en la adjudicación y ejecución de la carretera Interoceánica Sur (tramos 2 y 3) durante la administración de Toledo. El caso fue alargado por 3 meses para que concluya y se presente una acusación.