Exjefe del Ejército acusado por transferir predios militares por S/ 19.8 millones

La Procuraduría de la Contraloría General de la República acusará al ex comandante general del Ejército Luis Ramos Hume; al actual inspector general de la misma institución, Próspero Díaz Arrué; y a otros tres oficiales y un abogado del Ministerio de Defensa por haber participado en una transferencia ilegal a terceros de inmuebles del instituto castrense.

Una auditoría del organismo contralor atribuye a las 6 personas haber entregado dos inmuebles del Ejército en el distrito de Pueblo Libre al Organismo Especial del Fondo de Vivienda del Ejército (ORES-FOVIME).

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A cambio, esta institución ejecutó varios proyectos en terrenos de la entidad castrense por un total de 19.8 millones de soles, entre otros, la construcción del Club Recreacional La Tiza, ubicado en San Bartolo.

Según la Contraloría, los imputados vulneraron las normas y afectaron bienes estatales a favor de los socios de la entidad privada ORES-FOVIME, en desmedro del personal del Ejército.

Fuentes relacionadas con los imputados manifestaron a La República que cumplieron cautelosamente con las leyes y que incluso contaron con la aprobación de las autoridades del Ministerio de Defensa para el acuerdo con ORES-FOVIME.

La auditoría determinó que el 19 de octubre del 2016, durante la gestión del general de división Luis Ramos Hume, el instituto castrense y el ORES-FOVIME firmaron un contrato de compraventa para la transferencia de propiedad de dos inmuebles en Pueblo Libre. En contraprestación, la ORES-FOVIME debía ejecutar, entre otros, los siguientes proyectos:

-Construcción del Club Recreacional La Tiza, que consiste en 3 edificios y un comedor sobre predios de propiedad del Ejército por un valor de 11.5 millones de soles.

-Construcción de 2 edificios de 20 departamentos cada uno en la Villa Militar Matellini para el personal castrense, por 8.1 millones de soles.

Sin embargo, la figura de la contraprestación, según la auditoría de la Contraloría, no está avalada por las leyes.

“Dicha situación (la contraprestación) permitió que el Ejército financie la construcción de edificaciones, soslayando las normas que regulan la ejecución presupuestal de los fondos públicos en el centro de esparcimiento denominado Club Recreacional Playa La Tiza, facilitada física y financieramente a una asociación privada desde 2006, para uso y beneficio únicamente de oficiales y sus familiares inscritos en el Padrón de Socios, sin atender a los fines institucionales de la entidad (el Ejército)”, concluye la auditoría de la Contraloría.

Según el informe, la iniciativa del virtual canje de inmuebles del Ejército, por la construcción de edificios en terrenos de propiedad de la misma institución, fue una iniciativa del exjefe del Comando de Personal del Ejército (COPERE) general Próspero Díaz Arrué, y del director ejecutivo del ORES-FOVIME, coronel Orlando Gallegos Gonzáles. Díaz también era parte del directorio de esta entidad.

Entre los participantes en los hechos son mencionados el jefe del Departamento de Asesoría Legal del Comando Logístico del Ejército (COLOGE), coronel SJE (Servicio Jurídico del Ejército) Rosendo Biamón Mendoza; el jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos del Ejército, coronel SJE Sigifredo Adrianzén Adrianzén; el asesor legal del COPERE, comandante SJE (r) Ysaías Tamayo Aucahuasi; y el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, el abogado Juan Zegarra Coello.

Fuentes relacionadas con las personas señaladas como presuntos responsables de los hechos descritos manifestaron que todos sus actos fueron respaldados por el Ministerio de Defensa.

“La transferencia de los bienes inmuebles al ORES-FOVIME y la contraprestación se ha hecho respetando la normativa vigente y los conductos regulares, siendo validado el acto administrativo por el ministro de Defensa, Mariano Gonzáles Fernández, mediante la Resolución Ministerial 1005-2016”, indicaron.