El Informante: Los desengañados

La demanda arbitral de Odebrecht contra el Estado peruano ante el CIADI ha caído como una patada en el estómago en la fiscalía, la Procuraduría Ad Hoc y el gobierno, tres sectores directamente involucrados, desde distintas responsabilidades, con las acciones para sancionar la corrupción de la compañía. Busca un resarcimiento por US$ 1,200 millones. Sería el monto de los perjuicios que le causó una cancelación supuestamente arbitraria del contrato del proyecto Gasoducto Sur Peruano en 2017. Había justificación para anularlo. Pero nadie puede asegurar que el Perú –como es probable– obtenga un resultado favorable en algunos años.

Cuerdas separadas

Era un suceso previsible, porque en enero del 2020 vencía el plazo de tres años que Odebrecht tenía para confirmar una acción de ese tipo, presentada en 2017. Es un derecho de la compañía. La respuesta corresponde al Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI), una de cuyas funciones es, precisamente, establecer mecanismos de alerta, previsión y coordinación entre las entidades públicas involucradas.

¿Las hubo? Claramente no. Y no solo por falencias de este organismo adscrito al MEF, sino también por ineptitud en los más altos niveles del Estado.

Como perseguir la corrupción de Odebrecht compete, en lo penal, al Ministerio Público, y en materia de indemnizaciones a una Procuraduría Ad Hoc, ambos organismos actúan como si la situación no comprometiera a otros intereses del Estado. No es su problema, por ejemplo, que Odebrecht le deba 228 millones de dólares a COFIDE. Ya verá COFIDE cómo cobra. Tampoco es su problema lo que haga o deje de hacer la empresa en el CIADI. El Coordinador del Equipo Especial de Lava Jato, Rafael Vela, ha hablado de “cuerdas separadas”. La ley, efectivamente, le da la razón.

Falta de liderazgo

El gobierno actuó como si tampoco fuera su problema lo que hicieran o dejaran de hacer la fiscalía y el procurador. Finalmente le dejan el bulto al próximo régimen. Pero la dimensión y complejidad del fenómeno necesitaban cohesión en la respuesta estatal. En el gobierno ha faltado un líder que haga seguimiento al proceso, promueva coordinaciones y comparta información: deudas, controversias existentes y posibles, estado de los proyectos implicados. Alguien capaz de ver el conjunto y de apoyar a los organismos competentes ante una compañía sofisticada y con un comando único. El fiscal Vela, sin embargo, aún cree que lo que hace una mano de Odebrecht no lo sabe la otra. Insinuó que los malos –la junta de acreedores que en Brasil decidió la acción ante el CIADI– tienen una lógica distinta de los buenos, que aquí decidieron colaborar con el Ministerio Público.

El guía pudo ser un ministro o procurador. Incluso el o la Fiscal de la Nación, pero ni Pablo Sánchez ni Zoraida Ávalos tuvieron ese liderazgo. Ni hacia afuera ni hacia adentro de su institución. Ya vimos que recién el año pasado en el Ministerio Público coordinaron entre sí las diferentes fiscalías que investigaban más de 10 casos de presunta corrupción de Odebrecht. En cuanto al resto del Estado… Ayer, en Gestión, el renunciante ministro de Energía y Minas Juan Carlos Liu confesó que se enteró por los periódicos de su demanda ante el CIADI. El responsable de reimpulsar el proyecto estaba –o dijo estar– en la calle.

Error cantado

Cuando asumieron la responsabilidad Rafael Vela y Domingo Pérez, tenían poco espacio de maniobra, y le dieron grandes beneficios a Odebrecht para obtener información. ¿Alguien del MEF, o del MINJUS, o de la PCM, les informó que era posible una demanda ante el CIADI? ¿Conocían cuál era la estrategia del SICRECI ante la demanda que Enagás, la socia de Odebrecht en el gasoducto, ha planteado contra el Perú por los mismos motivos? ¿Fueron avisados de que la acción de Odebrecht era inconveniente? ¿El Procurador Ad Hoc, cuidador del patrimonio del Estado en el caso, fue supervisado por el MINJUS al respecto? El trío que firmó el acuerdo puede alegar que hizo un trato solo por cuatro proyectos, y que lo restante funciona “por cuerdas separadas”. Pero su cortedad de miras explica en parte los hechos. Cometieron un error al firmar un acuerdo con la empresa sin negociar algún mecanismo paralelo que la obligara a renunciar a una demanda en el CIADI.

Una opción era esperar el vencimiento del plazo improrrogable que tenía Odebrecht para presentar su demanda al CIADI, para después proceder a la devolución de los 524 millones de la hidroeléctrica de Chaglla. Aunque cualquier atingencia al acuerdo fue presentada como una campaña de Los Cuellos Blancos, esa postura maniquea, que ahora reaparece, está bien para las peleas en las redes. El presidente Martín Vizcarra, al no ser un principiante en materia de proyectos de inversión, ha sido negligente en este punto. Sobre la falta de transparencia del gobierno es oportuno leer un artículo de Humberto Campodónico, ayer, en Otra Mirada.

El amigo procurador

Así como en 2019 el objetivo de la empresa fue cobrar el dinero de Chaglla, el actual es presionar para recuperar algo de la inversión en la obra, ya sea mediante un acuerdo con el gobierno –posibilidad rechazada airadamente por el Primer Ministro– o logrando que el nuevo contratista sea el que le pague. Este camino también requiere apoyo soterrado gubernamental. Con este motivo el procurador ad hoc Jorge Ramírez, con autorización de la Ministra de Justicia, gestionó una entrevista del representante de Odebrecht con el titular de Energía y Minas, donde estuvo presente. De momento el procurador está jugándose el pescuezo. Si la política estatal es no participar en el trato directo, posición expresada con motivo de la presentación de la demanda arbitral, en 2017, ¿a qué parte está representando el señor Ramírez?