El Informante: Atragantados, por Ricardo Uceda
El complejo caso del Gasoducto del Sur vuelve a ser investigado. Todo indica colusión, pero debajo de Nadine Heredia hay muchos personajes. ¿Todos tienen responsabilidad? La emboscada a Miguel Castilla.
La primera semana de febrero vence el plazo para la investigación preliminar de supuestos actos colusorios en la concesión del Gasoducto Sur Peruano. La fiscal Geovana Mori ha acreditado que Nadine Heredia participó en varias reuniones del proyecto, algunas con ministros. Está por demostrarse, sin embargo, cómo habría organizado una licitación para que ganara Odebrecht.
Avaluado en más de siete mil millones de dólares, el proyecto fue entregado en 2014 a Odebrecht y Enagás. El consorcio perdedor –GDF Suez, Sempra, Techint y TGI– fue descalificado por violar las bases. Ollanta Humala y su esposa habrían favorecido a Odebrecht porque en el 2011 les dio tres millones de dólares como contribución de campaña. La concesión fue cancelada en 2017 por falta de financiamiento.
“Poner el hombro”
El delator de Odebrecht, Jorge Barata, ha dicho que tuvo reuniones con Nadine Heredia para hablar del proyecto, entre otros temas. No acepta que sobornó a funcionarios públicos. Según un aspirante a colaborador eficaz, el ex ministro de Economía y Finanzas Miguel Castilla le pidió al de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, “poner el hombro” para acelerar la concesión. También le habría dicho que los Humala querían entregarla a Odebrecht.
La fiscal Mora ha dicho que en Proinversión, presidida por Miguel Castilla, fue creado innecesariamente un comité para que licitara el gasoducto. Allí se habrían acomodado los plazos a conveniencia de Odebrecht. Según el colaborador, el cambio del ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, por Eleodoro Mayorga, fue funcional a los intereses de Odebrecht, lo mismo que el del presidente del comité, Guillermo Lecarnaqué, por Edgar Ramírez. La imputación también se apoya en un informe adverso de la Contraloría.
Un largo escrutinio
La licitación del Gasoducto del Sur fue examinada desde que, en 2014, el consorcio eliminado demandó a Proinversión. En 2019 una sala civil determinó que el concurso fue idóneo. Por otra parte, el fiscal Reynaldo Abia ha concluido una investigación preliminar sobre los mismos hechos, y está a la espera de que un juez decida llevar o no a juicio oral a Edgar Ramírez y a la ex abogada de Odebrecht María Hokama. Se habrían coludido en favor de la empresa. La acusación se basa en la antigua vinculación profesional de Ramírez con Odebrecht.
De modo que la de Geovana Mori es una tercera investigación. Si bien el liderazgo de Nadine Heredia en los asuntos del proyecto estaría comprobado por las reuniones que tuvo con Jorge Barata, con el Ministro de Energía y Minas Jorge Merino y con miembros de Proinversión, los actos colusorios señalados por la fiscal Mori no lucen consistentes. Para Heredia este es un proceso distinto del que afronta por lavar tres millones de dólares supuestamente ilícitos.
¿Algo que cantar?
El proceso del Gasoducto del Sur parece estar blindado en lo formal. La creación de un comité especializado en energía para desarrollar el proyecto tuvo justificación técnica. La intervención del Consejo Directivo por encima del comité era parte de sus responsabilidades y no una injerencia. Ninguno de los dos cambios en el cronograma ocurrió por pedido de Odebrecht. Uno fue solicitado por los asesores de Wood Mackenzie para aumentar la competencia, y otro a pedido del consorcio eliminado, que también reclamó –y obtuvo– cambiar el plazo para la conformación de consorcios. En 2015 el fiscal Pablo Sánchez archivó una denuncia por supuesto nombramiento ilegal del presidente del comité del proyecto, Edgar Ramírez. Por último, la Contraloría levantó cuatro de sus cinco observaciones. Ahora solo objeta la eliminación del postor por informe inveraz. Es posible que finalmente el evento sea considerado una discrepancia técnico-jurídica.
Lo anterior no descarta colusión, o incluso sobornos, pero indica que la fiscalía va a necesitar una confesión cualitativamente más importante de Jorge Barata para llegar a buen puerto. O una investigación propia de gran eficacia. Quizá el ex ministro de Energía y Minas Jorge Merino, a cuya cartera pertenecía el gasoducto, tuviera algo que cantar. De lo contrario seguiremos viendo un desfile de imputados para meterlos a prisión o mantenerlos inmovilizados, sin certeza de que finalmente el misterio será resuelto.
Chivo expiatorio
De momento la carne del asador sigue viniendo de Brasil. El Equipo Especial parece dispuesto a limpiar a un ex ministro como Carlos Paredes, señalado de recibir US$ 17 millones del Club de la Construcción, a cambio de que contribuya a mantener a Miguel Castilla como chivo expiatorio. Castilla, quien desde el MEF se opuso al crédito puente que Odebrecht pidió para financiar el proyecto, que no es mencionado por Barata ni estuvo en las reuniones paralelas que hacía Nadine Heredia, fue víctima de una emboscada en diciembre, cuando vino de los Estados Unidos para rendir una manifestación que había solicitado desde mayo.
La fiscalía se opuso a que declarara vía Skype. Pese a demostrar que en todo momento estuvo a disposición, un juez le impuso impedimento de salida del Perú por 18 meses. Violados sus derechos fundamentales, ha perdido su trabajo en el BID, donde era el quinto en la jerarquía.
Atragantándose
El 5 de diciembre la fiscal Geovana Mori suspendió la declaración de Castilla porque acababa de recibir de otro despacho la manifestación del colaborador eficaz que lo señalaba como ventrílocuo de Nadine. Había sido rendida seis meses atrás. Castilla debía regresar el 7, le había mostrado el pasaje de regreso a la fiscal para que tomara todas las providencias, y esta lo presentó al juez Carlos Sánchez como una evidencia de que quería eludir su declaración. Ha sido citado nuevamente para el 30 de enero, pero no torcerá lo inexorable. Mori ya adelantó que continuará con sus imputados, que además de tres ex ministros de Proinversión incluyen un pelotón de funcionarios y abogados.
–Se está atragantando de investigados –le dijo en una audiencia reciente Roberto Pereira, defensor de abogados del Estudio Echecopar, que hizo un informe de descalificación. A la fiscal no le gustó pero está claro que le falta puntería. Un defecto importante para un caso demasiado importante.
