Wilson Castro. Trujillo
Por mayoría, el Concejo Provincial de Trujillo suspendió en sus funciones al burgomaestre Daniel Marcelo Jacinto por haber sido condenado por una instancia judicial a cuatro años de prisión suspendida e inhabilitado para ejercer la función pública, por incurrir en el delito de negociación incompatible por el caso bloqueadores para el penal El Milagro.
En sesión extraordinaria, que duró casi tres horas, once concejales de mayoría y minoría votaron a favor de la suspensión de la autoridad edil, tres del oficialismo se abstuvieron y solo uno de la oposición lo hizo en contra.
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Este acuerdo subirá al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que tendrá la última palabra y definirá la situación de Marcelo. Antes, la abogada Giuliana Malca Chávez presentará un recurso reconsideración ante el concejo en un plazo de ocho días hábiles.
De modo que en los próximos días la conducción de la alcaldía quedará temporalmente en manos del primer regidor José Ruiz Vega.
Durante su exposición, la letrada denunció que el concejo no respetó el debido proceso y el derecho a la defensa de la autoridad edil, quien ayer optó por no estar en la sesión y prefirió participar en Lima en un evento de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE).
Cuestionó que el alcalde no haya sido notificado sobre dos de los tres pedidos de suspensión presentados en diciembre pasado.
En su exposición, Malca calificó como “diabólica” la condena impuesta por la justicia contra Marcelo y exhortó a los regidores a votar en contra.
Los concejales Robert De la Cruz y Luis Bahamonde respaldaron esa posición; sin embargo, la munícipe aprista Olga Cribilleros demostró con documentos que Marcelo sí fue notificado y dejó entrever que la abogada solamente trataba de dilatar la suspensión del burgomaestre.
Los argumentos de la oposición y del exdirigente de la estrella, José Miranda Prado, a favor de la suspensión fueron expuestos en forma corta. La minoría coincidió en que las dos sentencias contra Marcelo ameritaban la suspensión de este y que se tenía que cumplir la ley. Negaron exista un espíritu de venganza.
En el oficialismo y la oposición hicieron hincapié en que el alcalde tiene en el recurso de casación, que fue aceptado a trámite por la Sala de Apelaciones Transitoria Especializada en Extinción de Dominio de La Libertad, la posibilidad de demostrar su inocencia, anular el juicio y regresar al sillón edil.
Mientras se desarrollaba la sesión, en las afueras un grupo de ciudadanos apoyaba la suspensión, y otro lo rechazaba.