PJ ratifica aumento de reparación a US$20 millones en el caso Susana Villarán
Incremento de la pretensión resarcitoria requerido por la Procuraduría Ad Hoc se basa en la adición de la campaña por la reelección de Susana Villarán como materia de investigación en su caso.
![larepublica.pe](https://imgmedia.larepublica.pe/500x294/larepublica/migration/images/G3CVCKXMBNBMDIQ7FD56QMREG4.webp "el datoDurante la gestión de Susana Villarán, se le dio concesión a Rutas de Lima, de Odebrecht, lo que explicaría los sobornos a nombre de "Careca".")
La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia especializada en Crimen Organizado, ratificó este viernes el incremento de la reparación civil por el caso Susana Villarán a 20 millones de dólares, equivalentes a 66 millones 900 mil soles.
La decisión judicial llegó tras el rechazo de las apelaciones formuladas por los investigados Gabriel Prado Ramos y Domingo Arzubialde Elorrieta en el caso que compromete a la exalcaldesa de Lima por presunto lavado de activos en la financiación de sus campañas por el No a la revocatoria y la reelección, que, finalmente, perdió contra Luis Castañeda Lossio.
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Prado Ramos y Arzubialde Elorriete pretendían impugnar la resolución 25, que declaró fundado el requerimiento de la Procuraduría Ad Hoc para que la pretensión resarcitoria pase de 8 millones de dólares a 20 millones, debido a la incorporación de la campaña por la reelección como materia de investigación.
Fue el pasado 21 de junio que la Procuraduría Ad Hoc requirió al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional que se incrementara el monto resarcitorio, siendo el fallo de esta sala favorable.
“[...] el juez precisó que la pretensión resarcitoria por la suma de $ 8 000 000.00, tuvo como principal justificación los hechos incriminados relacionados a la campaña política del No a la Revocatoria, en el que estuvieron comprendidos una pluralidad de procesados. Que conforme a la Disposición fiscal N.° 17, de fecha seis de mayo de dos mil diecinueve, se adicionó un nuevo hecho, pues lo que actualmente se investiga es tanto la campaña política del No a la Revocatoria como la Reelección Municipal. Esto último necesariamente comprende a otros procesados”, señala la resolución a la que La República tuvo acceso.
Como argumento, la sala presidida por el juez Salinas Siccha, manifestó que los argumentos de los demandantes de apelación “deben ser desestimados” debido a que “se puede apreciar que el núcleo de la impugnación es de carácter probatorio, pues cuestiona que no existen elementos que demuestren la vinculación de su patrocinado con los hechos investigados, relacionados a las campañas por el No a la Revocatoria y por la Reelección Municipal, lo cual no puede ser dilucidado a través de este incidente, en tanto que está relacionado con una pretensión de carácter civil y no a la determinación de la responsabilidad penal en la que habría incurrido el investigado, lo cual recién podrá dilucidarse en el juicio correspondiente".
“Sin embargo, conforme a lo establecido en el artículo 350.1.g, la defensa sí podría cuestionar los alcances del monto de la reparación civil, ofreciendo los medios probatorios que estime pertinentes para que puedan ser actuados en el juicio oral. En consecuencia, no es la oportunidad ni el instrumento adecuado para cuestionar el monto de la reparación civil que formulará el actor civil en la etapa intermedia, pues, como ya se indicó, dicho monto podría variar en mérito de los actos de investigación que se realicen hasta la culminación de la investigación preparatoria”, señala la resolución judicial.
El caso Villarán
Susana Villarán, como se recuerda, es investigada junto a varios otros exfuncionarios de su gestión en la Municipalidad de Lima por los presuntos delitos de corrupción de funcionarios y lavado de activos.
Además, a la exburgomaestre se le investiga por la presunta asociación ilícita para delinquir en una organización criminal que habría estado compuesta también por el exgerente de la Municipalidad de Lima, José Miguel Castro Gutiérrez.
Esta presunta organización, según a tesis fiscal, “solicitó a las empresas Odebrecht y OAS dinero para financiar la campaña política del No a la Revocatoria y la Reelección Municipal, con la finalidad de mantenerse en el cargo. Dichas empresas habrían aceptado dar dinero para la campaña de Susana Villarán en razón de los intereses que tenían con la Municipalidad de Lima”, según indica la resolución.
