El vicepresidente de la minera Volcan, José Ignacio de Romaña Letts, reveló ante el Equipo Especial Lava Jato que su compañía también aportó a la campaña electoral de Keiko Fujimori en los comicios del 2011.
El empresario precisó que en ese entonces entregó US$ 260 mil y también lo hizo a través de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), como ocurrió con la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), que aportó US$ 240 mil.
Y dio otros detalles más: fue a pedido de Ricardo Briceño, directivo del gremio empresarial, a quien le entregó el cheque por la referida cantidad.
Briceño fue oficialmente presidente de Confiep hasta fines de febrero del 2011. Fue sindicado por el exsuperintendente de Odebrecht en Perú Jorge Barata como el receptor de US$ 200 mil. Él ha negado haber recibido el dinero, pero durante el allanamiento de la fiscalía a las instalaciones del gremio empresarial se halló documentación que prueba que la donación ocurrió en abril del 2011, mes en que se realizó la primera vuelta electoral.
Ayer, en la diligencia a cargo de fiscal José Domingo Pérez, el directivo de una de las mayores productoras de cobre, zinc y plata indicó que incluso Confiep le entregó una factura por el aporte, a diferencia de otros empresarios a quienes solo les entregaron certificados de donación.
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De Romaña, según fuentes del Ministerio Público, argumentó que donó el dinero en el contexto de la segunda vuelta electoral para defender a la empresa privada que, según él, se veía amenazada por Ollanta Humala.
Finalmente, en los comicios del 5 de junio de 2011, el líder humalista se impuso ante la candidata de Fuerza 2011, Keiko Fujimori, quien hasta hace unos días negaba la recepción de grandes cantidades de dinero, pese a las denuncias en su contra, que la mantienen en prisión preventiva desde fines de octubre del año pasado. Incluso, ella se vanagloriaba diciendo que Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular) era el único partido que había rendido cuentas ante la ONPE.
El 13 de octubre del 2017, la lideresa fujimorista había sido citada a la Comisión Lava Jato para responder por los aportes de Odebrecht a su campaña presidencial del 2011. Fue una sesión tibia, sin mayores sobresaltos. La mayoría fujimorista que integraba esa comisión, dirigida por Rosa Bartra, la protegió.
La excandidata presidencial, acompañada de su cúpula, reiteró que el financiamiento de su carrera electoral había sido transparente.
“Me retiro contenta, porque como madre de familia mis hijas verán que siempre doy la cara, que tenemos las cuentas claras y somos el único partido político que ha presentado nuestras rendiciones de cuentas a cabalidad. De las observaciones que tenía la ONPE, todas se han absuelto”, expresó.
Al abandonar el Parlamento, Fujimori Higuchi agregó: “Me retiro con la frente en alto, porque tenemos la verdad de nuestro lado”. Sin embargo, los testimonios en la investigación de lavado de activos que afronta por el caso Lava Jato la desmienten.
La lideresa de Fuerza Popular mantuvo ese discurso por dos años seguidos. En agosto del 2018 expresó que todo el financiamiento a Fuerza 2011 fue reportado a la ONPE. Dejó entrever que nunca hubo “pitufeo” y menos, aportes ilícitos. “No hay dinero que haya entrado de manera ilegal, todo es bancarizado, todo ha sido transparente”, refirió a Canal N un mes después.
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Por esos días ya había trascendido que Odebrecht entregó US$ 1,2 millones de la Caja 2 a la campaña de Keiko. En FP rechazaban esa versión. Pero el 13 de noviembre, el sobrino de Jaime Yoshiyama, Jorge Yoshiyama Sasaki, confesó ante el Equipo Especial Lava Jato que, del monto total, su tío le entregó en efectivo US$ 800 mil para ser introducido en el partido naranja con falsos aportantes.
Dos semanas después, en una entrevista con Cuarto Poder, Jaime Yoshiyama confesó que los US$ 800 mil no provenían de Odebrecht, sino del empresario Juan Rassmuss Echecopar.
Con esas declaraciones, los Yoshiyama desmintieron a Fujimori Higuchi, quien alegaba que todo el dinero de Fuerza 2011 había sido reportado a la ONPE de manera transparente. Y, además, reconocían haber camuflado esos fondos.
En esa campaña, Jaime Yoshiyama candidateaba para la vicepresidencia. Al ser abordado, defendió que se ingresen fondos en efectivo al partido naranja y luego se distribuyan a los aportantes. “La simulación es algo que está previsto en la ley”, sostuvo a Cuarto Poder.
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Yoshiyama defendió la donación de Rassmuss con el mismo discurso usado por el presidente de Credicorp, Dionisio Romero: “Nos jugábamos el modelo económico, de las grandes reformas económicas que hicimos en los 90 frente a un modelo como el de Humala, con su polo rojo y su gran transformación”.
El lunes 18, tras revelarse que Credicorp destinó US$ 3,65 millones a Fuerza 2011, Fujimori Higuchi respondió en redes sociales que con la confesión de Romero se desbarataba la tesis fiscal sobre el aporte de Odebrecht a su campaña. Es decir, la lideresa naranja volvía a rechazar haber recibido financiamiento de la constructora brasileña, pero a su vez admitía que ingresaron millonarias cifras de dólares a su campaña, sin ser declaradas ante la ONPE.
Al día siguiente, el fundador del Grupo Gloria, Vito Rodríguez, reconoció haber solventado al partido naranja con US$ 200 mil. Una lluvia de dólares cuyo uso debe ser explicado.
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Fuerza 2011 declaró a la ONPE aportes por más de S/ 17 millones. Los testimonios de personas allegadas a Keiko Fujimori y de empresarios confirman que esa cifra fue mayor y no reportada. El fiscal Pérez precisó el miércoles que es parte de la modalidad del “pitufeo” para lavar activos. Tales cifras millonarias fueron entregadas cuando la lideresa naranja era aún congresista.
En caso de Credicorp, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) investiga el origen de dicho financiamiento.
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