Jorge Barata declarará sin reservas en diciembre
Los codinomes. Exsuperintendente de Odebrecht entregará toda la información. La Fiscalía informó que la jueza Álvarez autorizó la entrega a Odebrecht de los S/ 524 millones de la venta de Chaglla. La constructora podrá repatriar fondos.
Por: César Romero - Alonso Collantes
El exsuperintendente de Odebrecht Jorge Simões Barata será interrogado por el Equipo Especial Lava Jato entre el 11 y 13 de diciembre próximo en la ciudad de Curitiba Brasil.
La cita fue confirmada por el fiscal superior coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela Barba, con las autoridades de Brasil y los abogados de la constructora brasileña, luego de que la jueza María Álvarez Camacho liberara los fondos de la venta de Chaglla.
Ahora, Barata ya no tiene ningún impedimento para declarar todo. El Estado peruano ha cumplido con darle los beneficios que le ofreció el Equipo Especial al someterse a colaboración eficaz: exclusión de pena para todos los directivos de Odebrecht y repatriación de los fondos retenidos en el Perú.
Se espera que en diciembre Barata entregue la identidad de todos los “codinomes” que aparecen en las planillas del Sector de Operaciones Estructuradas como receptores de pagos ilícitos en el Perú. Esto permitirá un gran avance en las investigaciones y debe asegurar que los colaboradores eficaces participen y declaren en los próximos juicios públicos por corrupción en el desarrollo de obras públicas y lavado de activos en los aportes a las campañas políticas.
Entrega de fondos
Según informó el fiscal Vela, el 28 de octubre último, la jueza María de los Ángeles Álvarez resolvió que la sentencia que aprobó el acuerdo de colaboración entre el Equipo Especial Lava Jato y la constructora Odebrecht debe ejecutarse en los términos en los que fue expedida.
La magistrada considera que no hay nada más que decir, pues además las tres partes involucradas en este proceso: la Fiscalía, la Procuraduría ad hoc y Odebrecht, no apelaron la sentencia de colaboración.
Es decir, Odebrecht debe recibir el remanente de la venta de la hidroeléctrica de Chaglla, de S/ 524 millones, una vez que la Fiscalía certifique que no tiene procesos pendientes, donde se podrían generar nuevas reparaciones civiles.
La Fiscalía ya ha declarado que no hay procesos pendientes. Por eso, el fiscal Vela interpretó la decisión de la jueza como una orden directa para que el Ministerio de Justicia proceda a devolver los fondos y esto posibilite que la constructora y los directivos sigan colaborado con la averiguación de la verdad y que, a futuro, se sancione a todos los responsables.
El Ministerio de Justicia ha mantenido silencio. El presidente Martín Vizcarra se oponía a la devolución de estos fondos, pero ayer la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, indicó que se debe dejar que la justicia haga su trabajo porque el Perú necesita saber la verdad.
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“No solo 524 millones. Si tuviera que devolver 10 mil millones, lo haría porque la corrupción se lleva 12 mil millones de soles y quienes son los más afectados son las mujeres, los niños, las niñas, los adolescentes. El Poder Judicial ya dio su dictamen”, subrayó.
Algunas fuentes señalan que la devolución de los fondos ya fue ejecutada. La constructora brasileña necesita estos fondos para cubrir los gastos económicos de la cooperación judicial con el Perú: pago de abogados y especialistas.
Al liberarse los fondos, Odebrecht debe proceder a pagar la primer cuota de S/ 80 millones que contempla el acuerdo sobre el pago de la reparación civil de S/ 610 millones en 15 años.
Además, el acuerdo contempla que la constructora brasileña podrá repatriar de ahora en adelante cualquier otro fondo que genere en el Perú. Esto luego de que supere el porcentaje que garantice el pago anual de las cuotas de la reparación civil hasta su cancelación.
Decisión judicial inapelable
● Las resoluciones judiciales de colaboración eficaz deben ser reservadas y solo pueden ser apeladas por las partes. En este caso, si la Fiscalía, la Procuraduría y Odebrecht están de acuerdo con la decisión, nadie apela. La decisión es firme y queda consentida y se debe ejecutar.
A diferencia de cuando se expidió la sentencia de colaboración, la jueza no ha publicado ni la parte resolutiva de su decisión. Hay silencio en el Poder Judicial sobre esta devolución de fondos.
